Informe sobre la Prisión Política en América Latina y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción: Un Obstáculo para la Paz, la Justicia y las Instituciones Sólidas (ODS 16)
La prisión política en América Latina representa una de las consecuencias más graves del deterioro democrático y un impedimento directo para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). La privación de libertad por motivos de disidencia política socava el estado de derecho, debilita las instituciones y viola las libertades fundamentales. Países como Cuba, Venezuela y Nicaragua lideran esta alarmante tendencia.
- Cuba: Se registran 543 personas privadas de libertad en relación con protestas desde julio de 2021.
- Venezuela: Existen 1,074 casos documentados de presos políticos.
- Nicaragua: Se contabilizan al menos 73 presos políticos.
Asimismo, en Guatemala se han reportado detenciones arbitrarias contra defensores indígenas y un periodista declarado preso de conciencia, lo que evidencia un patrón regional que atenta contra la justicia y la igualdad (ODS 10 y ODS 16).
Análisis de Caso: El Salvador y el Desmantelamiento de las Garantías Democráticas
Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador ha experimentado un retroceso significativo en materia de derechos humanos, afectando directamente las metas del ODS 16. Miles de detenciones arbitrarias han sido documentadas, muchas de las cuales constituyen actos de persecución política contra quienes ejercen su libertad de expresión. El gobierno del Presidente Nayib Bukele ha transformado el encarcelamiento político en una herramienta moderna de control, desmantelando sistemáticamente los pilares institucionales necesarios para una sociedad pacífica y justa.
El Caso de Ruth López: Persecución contra Defensoras de Derechos Humanos y su Vínculo con el ODS 5 y ODS 16
La detención arbitraria y desaparición forzada temporal de la abogada Ruth López el 18 de mayo de 2025, directora de la Unidad Anticorrupción de Cristosal, ejemplifica la persecución contra voces críticas. Su labor, reconocida internacionalmente por la BBC, se alinea con la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, componentes esenciales del ODS 16.6 (instituciones eficaces y transparentes). Su caso, junto al de al menos otras 35 personas detenidas por motivos políticos, no solo viola el debido proceso (ODS 16.3), sino que también atenta contra la participación de las mujeres en la vida pública y la toma de decisiones (ODS 5.5), al silenciar a una de las líderes más influyentes del país.
Evolución de la Prisión Política en El Salvador
Contexto Histórico y Retroceso Actual
La historia salvadoreña está marcada por la represión política, particularmente durante la guerra civil (1980-1992). Los Acuerdos de Paz de 1992 sentaron las bases para una arquitectura democrática que, a pesar de sus deficiencias, garantizaba libertades fundamentales. Sin embargo, la administración actual ha revertido estos avances, utilizando el encarcelamiento político para consolidar un control autoritario, lo que representa una regresión en el cumplimiento de los compromisos con el ODS 16.
Estrategias de Persecución por Mandato Presidencial
Primer Mandato (2019-2024): Instrumentalización de la Lucha Anticorrupción
Durante su primer mandato, el gobierno utilizó una narrativa anticorrupción para desarticular a la oposición política. La persecución se centró en exfuncionarios de partidos opositores, mientras se ignoraban las denuncias de corrupción dentro del partido gobernante. Esta selectividad judicial socava la imparcialidad y la credibilidad de las instituciones de justicia, contraviniendo el ODS 16.5 (reducir la corrupción) y el ODS 16.6 (instituciones eficaces y transparentes).
Segundo Mandato (2024-Presente): Criminalización de la Sociedad Civil bajo el Régimen de Excepción
Con la consolidación del régimen de excepción, la estrategia se ha expandido para perseguir a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes sociales. Se les acusa de “asociaciones ilícitas”, un delito reservado para la criminalidad organizada, con el fin de aplicarles un marco legal que restringe las garantías del debido proceso. Esta táctica representa un ataque directo al ODS 16.10 (garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales).
- Presos de Conciencia: Casos como los de Ruth López, el defensor ambiental Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.
- Persecución de Defensores: La detención de Fidel Zavala, quien denunciaba torturas en centros penales.
- Criminalización de Líderes Ambientales: El caso Santa Marta–ADES, donde cinco defensores del agua fueron procesados injustamente, afectando la protección de comunidades sostenibles (ODS 11).
Condiciones Carcelarias y Violación del Derecho a la Vida
Muertes bajo Custodia del Estado: Un Fracaso del ODS 16
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha denunciado las condiciones inhumanas en las prisiones salvadoreñas. La falta de atención médica, el aislamiento y la negación de información a las familias son prácticas sistemáticas. Organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 430 muertes de personas encarceladas bajo el régimen de excepción. Estos fallecimientos, incluyendo los de los sindicalistas José Leonidas Bonilla y Franklin Gabriel Izaguirre, y el exfuncionario Alejandro Muyshondt —cuyo caso presenta evidencia de tortura—, constituyen una grave violación del derecho a la vida y demuestran el colapso del estado de derecho (ODS 16.3).
Impacto Humano y Social: El Costo de la Represión
La prisión política genera un profundo costo humano, desintegrando familias y creando un clima de miedo que paraliza a la sociedad civil. Este silenciamiento de la disidencia erosiona el tejido social y anula los mecanismos de rendición de cuentas, indispensables para cualquier democracia y para el avance de los ODS. Por cada preso político, se estima que cuatro personas se han visto forzadas al exilio, debilitando aún más el espacio cívico del país. La respuesta de la comunidad internacional, en el marco del ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos), es crucial para revertir esta tendencia.
Recomendaciones para la Comunidad Internacional
Para restaurar el camino hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 16, se proponen las siguientes acciones:
Organización de Estados Americanos (OEA)
- El Consejo Permanente debe discutir y aplicar medidas conforme a la Carta Democrática Interamericana para frenar el deterioro democrático en El Salvador.
- Los órganos de protección del Sistema Interamericano deben intensificar el monitoreo del debido proceso y otorgar medidas cautelares a personas en riesgo.
Naciones Unidas (ONU)
- La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) debe monitorear la situación de los presos políticos y el respeto al debido proceso.
- Se debe instar a El Salvador a aceptar visitas de las Relatorías sobre la Tortura, sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, y del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria.
Cruz Roja Internacional
- Reforzar el monitoreo en centros de detención para verificar las condiciones y documentar patrones de abuso, contribuyendo a la protección de los derechos fundamentales.
Gobiernos Extranjeros
- Ejercer presión diplomática para la liberación de presos políticos y condicionar la cooperación internacional al cumplimiento de cláusulas de derechos humanos, en línea con el ODS 17.
Estados Unidos
- Aprobar legislación para sancionar a responsables de violaciones de derechos humanos.
- Condicionar la asistencia en materia de seguridad a la liberación de presos políticos y al restablecimiento del debido proceso.
- Utilizar herramientas diplomáticas para promover el diálogo y el respeto al derecho internacional de los derechos humanos.
1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?
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ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas
El artículo se centra de manera integral en los elementos del ODS 16. Aborda el “deterioro democrático”, la persecución política, las detenciones arbitrarias, la falta de debido proceso, la erosión de la independencia judicial y los ataques contra defensores de derechos humanos y periodistas. Estos temas están directamente relacionados con la promoción de sociedades pacíficas, el acceso a la justicia para todos y la creación de instituciones eficaces, responsables e inclusivas.
El texto describe cómo en países como El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba, las instituciones estatales, en lugar de proteger los derechos, se utilizan como “herramienta moderna de control autoritario”. Se documenta el “desmantelamiento sistemático de los últimos pilares que sostienen la democracia”, lo cual es el antónimo del objetivo del ODS 16.
2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?
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Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo
El artículo hace referencia directa a muertes bajo custodia estatal, lo que representa una forma de violencia ejercida por el Estado. Se mencionan casos específicos como el de Alejandro Muyshondt, quien “sufrió torturas y falleció en un hospital público”, y se cita que “organizaciones de derechos humanos han documentado el fallecimiento por diversas causas de al menos 430 personas encarceladas bajo el estado de excepción”. Estas muertes en prisión son un claro indicador de la falta de progreso hacia esta meta.
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Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
Este es un tema central del artículo. Se describe la erosión del estado de derecho en El Salvador, donde el sistema judicial “no tuviera independencia ni fuera capaz de garantizar imparcialidad”. Se detallan numerosos casos de detenciones arbitrarias, procesos judiciales “plagados de irregularidades” (caso Santa Marta–ADES), y el uso del régimen de excepción para “limitar las garantías del debido proceso”. La detención y desaparición forzada temporal de la abogada Ruth López es un ejemplo emblemático de la falta de acceso a la justicia y la violación del estado de derecho.
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Meta 16.6: Crear a nivel nacional instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas
El artículo evidencia la falta de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones salvadoreñas. Describe un “sistema caracterizado por un hermetismo extremo y la negación sistemática del contacto familiar” en las prisiones. Se menciona que cuando ocurren muertes, las familias “enfrentan barreras adicionales para acceder a información básica”, lo que imposibilita la rendición de cuentas. Además, se señala la persecución selectiva por corrupción contra opositores, mientras que las “numerosas denuncias ciudadanas y periodísticas de corrupción a gran escala dentro de su propio gobierno” no son investigadas.
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Meta 16.10: Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales
El texto destaca la persecución de personas por ejercer sus libertades fundamentales, como la libertad de expresión. Se menciona que en El Salvador se arrestó a personas “por ejercer su libertad de expresión, participar en manifestaciones o criticar abiertamente al gobierno”. Se nombran casos de periodistas como José Rubén Zamora en Guatemala y se describe un patrón de “campañas de desinformación y ataques coordinados en redes sociales para desacreditar a quienes critican al gobierno” en El Salvador, lo que constituye un ataque directo a las libertades fundamentales.
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Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia
La sección de “Recomendaciones” del artículo apela directamente a esta meta. Pide a la comunidad internacional (OEA, ONU, gobiernos extranjeros) que ejerza “presión diplomática”, condicione la “cooperación internacional”, imponga “sanciones individuales” y utilice “herramientas diplomáticas para fomentar el diálogo, la transparencia y promover el respeto al debido proceso”. Estas acciones buscan fortalecer las instituciones de derechos humanos y la democracia a través de la cooperación internacional.
3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?
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Indicador 16.1.1: Número de víctimas de homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes
Aunque no se presenta como una tasa, el artículo proporciona datos numéricos que se relacionan con este indicador, específicamente en el contexto de la violencia estatal. La cifra de “al menos 430 personas” fallecidas en prisión bajo el régimen de excepción y los casos detallados de muertes bajo custodia (José Leonidas Bonilla Torres, Mario Alberto Mijango Menjívar, Alejandro Muyshondt) son datos cualitativos y cuantitativos que miden las muertes violentas o por negligencia estatal.
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Indicador 16.3.2: Proporción de reclusos sin condena con respecto a la población penitenciaria total
El artículo implica fuertemente la relevancia de este indicador al hablar de “miles de detenciones arbitrarias” desde la implementación del régimen de excepción. Se describe la detención de personas por motivos políticos que son encarceladas “no por delitos, sino por desafiar la consolidación del poder”. Estos individuos, como Ruth López, son mantenidos en detención sin un debido proceso, lo que sugiere un alto número de reclusos sin condena formal y justa.
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Indicador 16.10.1: Número de casos verificados de asesinato, secuestro, desaparición forzada, detención arbitraria y tortura de periodistas, personal de medios de comunicación asociado, sindicalistas y defensores de los derechos humanos
El artículo proporciona datos específicos y verificables para este indicador:
- Detención arbitraria: Se mencionan explícitamente los casos de los defensores indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, el periodista José Rubén Zamora, la abogada Ruth López, y los 35 presos políticos documentados por COFAPPES, incluyendo a Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez.
- Desaparición forzada: El caso de Ruth López, cuya familia y equipo legal no supieron su paradero durante 36 horas, es calificado por entes internacionales como una “desaparición forzada”.
- Tortura: El caso de Alejandro Muyshondt es emblemático, ya que se cita un análisis de expertos forenses que “señala claramente actos de tortura física contra él”.
- Sindicalistas: Se menciona la detención y posterior muerte en custodia de los sindicalistas José Leonidas Bonilla Torres y Franklin Gabriel Izaguirre.
4. Tabla de ODS, metas e indicadores
| ODS | Metas | Indicadores |
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| ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas |
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Fuente: wola.org
