Ejecutivo reglamentó el régimen especial del contrato de empleo público – ABC Color

Informe sobre la Ley N° 7445 de la Función Pública y su Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El presente informe analiza la implementación y reglamentación de la Ley N° 7445 de la Función Pública y del Servicio Civil, sancionada a finales de 2024 y vigente desde el 16 de julio de 2025. Esta legislación es un pilar fundamental para la modernización del Estado y se alinea directamente con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular con el ODS 16, que busca promover la paz, la justicia y la construcción de instituciones sólidas.

Fortalecimiento Institucional y Gobernanza (ODS 16)

La Ley N° 7445 reemplaza a la derogada Ley 1626/2000 con el objetivo explícito de profesionalizar a los servidores públicos. Esta meta es esencial para el cumplimiento del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, ya que busca crear instituciones públicas más eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles.

• Objetivo Principal: Promover la profesionalización para alcanzar mayores niveles de eficiencia y eficacia en la administración pública, un pilar del Target 16.6 de los ODS.
• Autoridad de Aplicación: La ley designa como autoridades de aplicación a las instituciones con autonomía constitucional (Poder Legislativo, Poder Judicial, Universidades, Municipalidades), descentralizando la responsabilidad y fortaleciendo la gobernanza. Para el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asume este rol, garantizando una gestión centralizada y coherente de la política salarial y de capital humano.
• Reglamentación Ejecutiva: Mediante los Decretos N° 4770 y N° 4777, el Ejecutivo ha reglamentado la ley y el régimen especial de contratos, estableciendo un marco jurídico claro que combate la discrecionalidad y la corrupción, en línea con el Target 16.5.

Promoción del Trabajo Decente y Reducción de Desigualdades (ODS 8 y 10)

La nueva normativa sobre el contrato de empleo público busca formalizar las relaciones laborales en el sector estatal, contribuyendo al ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico. Al establecer reglas claras y basadas en el mérito, también aborda el ODS 10: Reducción de las Desigualdades, promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

El Decreto N° 4777 establece una clasificación precisa para los contratos de empleo público, asegurando que la incorporación de personal responda a necesidades técnicas y profesionales definidas.

1. Contratos para Ejecutar Servicios Profesionales: Exige título de grado o superior, vinculando el empleo público a la educación de calidad (ODS 4) y valorizando la formación profesional.
2. Contratos para Ejecutar Servicios Técnicos u Operativos: Se subdividen en:
   • Técnicos: Requieren título de pregrado.
   • Jornaleros: Requieren educación media concluida o ser estudiante universitario.
   • Auxiliar de Servicios: Conforme a las definiciones de la ley.

Esta estructura meritocrática asegura que la contratación se base en la capacidad y no en otros factores, promoviendo un acceso más equitativo al empleo público.

Mecanismos de Control y Rendición de Cuentas

Para garantizar la sostenibilidad de la reforma y el cumplimiento de los objetivos de transparencia, la ley y su reglamentación introducen mecanismos de control estrictos, reforzando la rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas (ODS 16).

• Plazo Máximo de Renovación: Se establece un límite de renovación de contratos de hasta cuatro ejercicios fiscales. Las contrataciones que excedan este plazo serán consideradas irregulares y terminarán automáticamente. Este mecanismo previene la perpetuación de contratos precarios y fomenta la planificación de los recursos humanos.
• Responsabilidad Administrativa: El incumplimiento de estas normativas por parte del contratante o del contratado constituirá una falta grave y será considerado mal desempeño de funciones. La responsabilidad recae en la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas de cada institución, que debe verificar el cumplimiento a través del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos (SINARH).

En conclusión, la Ley N° 7445 y su reglamentación representan un avance significativo hacia la consolidación de un servicio civil profesional, transparente y eficiente, alineado con los principios de buena gobernanza y desarrollo sostenible promovidos por la Agenda 2030.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo se centra en la implementación de la Ley N° 7445 de la Función Pública y del Servicio Civil, cuyo objetivo principal es “promover la profesionalización de los servidores públicos para lograr mayores niveles de eficiencia y eficacia en las instituciones públicas”. Este esfuerzo por reformar y fortalecer la administración pública se alinea directamente con el ODS 16, que busca construir instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles. La ley y sus decretos reglamentarios establecen un marco para una gestión más ordenada y profesional del capital humano en el Estado, lo cual es fundamental para la solidez institucional.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

  Esta meta es la más relevante. El propósito explícito de la nueva legislación es mejorar la eficiencia y eficacia de las instituciones. El artículo detalla cómo se busca lograr esto a través de la reglamentación de los contratos, la clasificación de los empleados públicos (profesionales, técnicos, jornaleros), y el establecimiento de requisitos mínimos para la contratación. La creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional como entidad rectora y la implementación del Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos (SINARH) son medidas concretas para construir una institucionalidad más eficaz y que rinda cuentas sobre su gestión de personal.

• Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas

  Aunque no se menciona explícitamente la corrupción, la ley aborda sus causas fundamentales al establecer reglas claras y transparentes para la contratación y permanencia en la función pública. Al limitar la discrecionalidad y establecer consecuencias por el incumplimiento, como la consideración de “falta grave” y “mal desempeño de funciones” para quienes transgredan las normas, se fortalece la integridad del servicio civil. La disposición de que las contrataciones que excedan el plazo máximo “se considerarán irregulares y dará lugar a la terminación automática de la relación contractual” es un mecanismo directo para prevenir prácticas clientelares y de corrupción.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

El artículo no menciona indicadores cuantitativos oficiales de los ODS, pero describe la creación de sistemas y normativas que funcionan como indicadores cualitativos o de proceso del fortalecimiento institucional.

• Establecimiento de un marco normativo claro para la gestión de recursos humanos

  La promulgación de la Ley N° 7445 y sus decretos reglamentarios (N° 4770 y N° 4777) es en sí misma un indicador de progreso. Demuestra la existencia de un marco legal diseñado para profesionalizar la función pública. El artículo detalla este marco, incluyendo la clasificación de contratos y los requisitos para cada uno.

• Implementación de sistemas de control y seguimiento

  La mención del SINARH (Sistema Nacional de Administración de Recursos Humanos) como herramienta para habilitar contratos y la responsabilidad de la Unidad de Gestión y Desarrollo de las Personas para verificar el cumplimiento de las normas, son indicadores implícitos de la capacidad del Estado para monitorear y hacer cumplir sus propias regulaciones. El hecho de que los contratos irregulares “no serán habilitados en el SINARH” es una medida de control medible.

• Definición de responsabilidades y sanciones

  El artículo especifica que el incumplimiento de la ley “constituirá falta grave y será considerado como mal desempeño de funciones”. La existencia de un régimen de consecuencias claro para las transgresiones es un indicador de que la institución busca rendir cuentas y mantener la integridad, lo cual es fundamental para la Meta 16.5.

4. Cree una tabla con tres columnas titulada ‘ODS, metas e indicadores’ para presentar los hallazgos del análisis del artículo.

Fuente: abc.com.py