Fiscales en riesgo: Maricarmen Alva exige al Gobierno protección urgente frente a mafias – Revista Caretas

Análisis de las Amenazas contra Operadores de Justicia en el Marco del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

El presente informe detalla la grave situación de riesgo que enfrentan los operadores del sistema de justicia en Perú, tomando como caso de estudio las amenazas de muerte recibidas por la fiscal Margarita Haro Pinto. Este escenario representa un desafío directo para la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

Caso Emblemático: Fiscal Margarita Haro Pinto

La fiscal Margarita Haro Pinto, quien investiga a la organización criminal “Los Pepes de San Juan de Lurigancho”, ha sido objeto de extorsión y amenazas de muerte. Este hecho, denunciado por la congresista Maricarmen Alva Prieto, evidencia la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.

• Violación del ODS 16.1: Las amenazas directas contra la vida de una funcionaria judicial constituyen una afrenta a la meta de reducir todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas.
• Obstáculo para el ODS 16.3: La intimidación a fiscales socava el estado de derecho y limita el acceso a la justicia para todos, al permitir que el crimen organizado opere con impunidad.
• Afectación al ODS 5: Al ser una mujer la víctima de estas amenazas en una posición de poder, se atenta contra la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida pública.

Respuesta Institucional y la Necesidad de Fortalecer las Instituciones (ODS 16.a)

La reacción parlamentaria, liderada por la congresista Alva, ha puesto en marcha mecanismos de fiscalización para garantizar la protección de los funcionarios judiciales, un pilar fundamental para el fortalecimiento institucional que promueve el ODS 16.

Acciones de Fiscalización Parlamentaria

1. Solicitud de Información: Se han remitido oficios al Fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez Villegas, y al Ministro del Interior, Vicente Tiburcio Orbezo, para conocer las medidas de protección implementadas.
2. Alerta sobre Riesgos Sistémicos: Se ha advertido que la falta de una política de seguridad integral pone en peligro no solo a los fiscales, sino también a sus familias, afectando la autonomía e independencia del Ministerio Público.
3. Llamado a la Acción Conjunta: Congresistas de diversas bancadas han respaldado la iniciativa, subrayando que la lucha contra el crimen organizado requiere una estrategia coordinada entre el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.

El Crimen Organizado como Amenaza al Desarrollo Sostenible

La expansión de redes delictivas dedicadas a la extorsión, el narcotráfico, la minería ilegal y la tala clandestina no solo compromete la seguridad, sino que también obstaculiza el progreso en múltiples ODS.

Impacto Multisectorial de las Redes Criminales

• ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico): La extorsión a comerciantes y transportistas, como en el caso investigado por la fiscal Haro, destruye el tejido económico local y precariza las condiciones laborales.
• ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles): La operación de estas mafias genera un clima de inseguridad que impide el desarrollo de comunidades seguras e inclusivas.
• ODS 15 (Vida de Ecosistemas Terrestres): Actividades como la tala y la minería ilegal, controladas por estas organizaciones, causan un daño irreparable a la biodiversidad y los ecosistemas.

Según fuentes del Ministerio del Interior, más de 60 fiscales se encuentran en situación de alto riesgo, lo que demuestra que el problema es sistémico y requiere una respuesta estatal contundente para no comprometer la Agenda 2030.

Conclusiones y Recomendaciones para Avanzar hacia el ODS 16

La protección efectiva de los fiscales y jueces es una condición indispensable para garantizar la paz, la justicia y la solidez de las instituciones en el Perú. El caso de la fiscal Margarita Haro Pinto debe servir como un catalizador para la implementación de políticas públicas urgentes.

Propuestas Clave

• Activar un protocolo de protección urgente para todos los operadores de justicia en situación de riesgo.
• Debatir y aprobar la creación de un Fondo de Protección Especial que dote de recursos logísticos y de seguridad a los fiscales amenazados.
• Fortalecer la cooperación interinstitucional para desarticular las redes de crimen organizado que se infiltran en las estructuras del Estado.

El seguimiento parlamentario a estas medidas, como ha comprometido la congresista Alva, es fundamental. Defender a quienes investigan a las mafias es una acción directa en favor del Estado de Derecho y un paso crucial para la construcción de una sociedad pacífica y justa, en línea con los principios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es el objetivo principal abordado en el artículo. El texto se centra en las amenazas contra operadores de justicia (la fiscal Margarita Haro Pinto), la intimidación de las mafias al sistema judicial, y la infiltración del crimen organizado en las instituciones del Estado. Estos temas atentan directamente contra la promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas. El artículo destaca la necesidad de proteger la “autonomía e independencia del Ministerio Público”, que son pilares para instituciones sólidas y un Estado de Derecho efectivo, tal como lo promueve el ODS 16.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

  El artículo hace referencia directa a “amenazas de muerte” contra la fiscal Margarita Haro Pinto y advierte sobre el “riesgo la vida e integridad no solo de los fiscales, sino también de sus familias y equipos de trabajo”. La lucha contra la extorsión y el crimen organizado, que utilizan la violencia y la intimidación como método, está directamente alineada con la reducción de la violencia.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  La congresista Alva afirma que las amenazas “afectan directamente la autonomía e independencia del Ministerio Público, pilares fundamentales del Estado de Derecho”. Cuando los fiscales son intimidados, su capacidad para impartir justicia se ve comprometida, lo que debilita el Estado de Derecho. El llamado a proteger a los fiscales es un esfuerzo por garantizar que el sistema de justicia pueda operar sin miedo y así asegurar el acceso a la justicia para las víctimas del crimen organizado.

• Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes (…) para crear a todos los niveles (…) capacidad para prevenir la violencia y combatir (…) la delincuencia.

  El artículo evidencia una debilidad institucional en la protección de sus propios funcionarios. Se menciona que “la cobertura de seguridad policial aún es limitada” para más de 60 fiscales en riesgo. Los oficios enviados al Fiscal de la Nación y al Ministro del Interior, así como la propuesta de crear un “Fondo de Protección Especial”, son acciones que buscan fortalecer la capacidad de las instituciones nacionales (Ministerio Público, Policía Nacional) para combatir la delincuencia y proteger a quienes la enfrentan.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 16.1.1: Número de víctimas de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes.

  Aunque no se citan cifras, el artículo se centra en las “amenazas de muerte” y el “riesgo la vida e integridad” de los fiscales. El seguimiento del número de atentados, agresiones u homicidios contra operadores de justicia sería una forma de medir el progreso (o retroceso) en la protección de estas figuras y, por extensión, en la reducción de la violencia relacionada con el crimen organizado.

• Indicador 16.3.1: Proporción de víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que denunciaron su victimización a las autoridades competentes.

  El artículo menciona explícitamente que el caso de la fiscal Haro “fue reportado a la División de Seguridad de Funcionarios (DIVSEF) de la Policía Nacional”. Esto demuestra el acto de denunciar la victimización (amenazas y seguimiento) a una autoridad competente. La eficacia de la respuesta a estas denuncias es un factor clave para medir la fortaleza del sistema de justicia.

• Indicador 16.a.1: Existencia de instituciones nacionales de derechos humanos independientes que cumplen los Principios de París.

  El artículo subraya la importancia de la “autonomía e independencia del Ministerio Público”. Las amenazas y la infiltración del crimen organizado son ataques directos a esta independencia. La implementación de medidas efectivas de protección, como un “protocolo urgente para resguardar a los operadores de justicia”, sería un indicador del fortalecimiento de la independencia y capacidad de esta institución clave para el Estado de Derecho.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: caretas.pe