El cierre de un vertedero amenaza la supervivencia de migrantes en República Dominicana – The Conversation

Análisis de la Transición del Sistema de Residuos en República Dominicana y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La República Dominicana ha iniciado un proceso de modernización de su sistema de gestión de residuos sólidos con el objetivo de eliminar los vertederos a cielo abierto. Esta iniciativa, si bien busca alinearse con metas ambientales globales, presenta desafíos significativos para la consecución de objetivos sociales y económicos, afectando directamente a más de 12,000 recicladores informales, conocidos como “buzos”, cuya subsistencia depende de estos espacios.

Contexto Actual: Desafíos para ODS 11 y ODS 12

La situación actual de la gestión de residuos en el país representa un obstáculo para el cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Generación de Residuos: Se producen más de siete millones de toneladas de residuos sólidos anualmente, impulsadas en parte por un sector turístico en auge que recibió más de 11 millones de visitantes en 2024.
• Baja Tasa de Reciclaje: Únicamente el 7% de los residuos se recicla, lo que contraviene directamente el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), que promueve la reducción, reutilización y reciclaje.
• Proliferación de Vertederos: La existencia de 358 vertederos a cielo abierto, sin control sanitario ni ambiental, impacta negativamente en el ODS 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y el ODS 3 (Salud y Bienestar), al contaminar el entorno y generar riesgos para la salud pública.
• Posición Internacional: El país ocupa la posición 165 en el índice mundial de gestión de residuos, evidenciando la urgencia de una reforma estructural.

La Ley 225-20: Un Marco Legal con Brechas Sociales

En 2020, se aprobó la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20) para catalizar una transición hacia una economía circular. Su medida principal es el cierre progresivo de al menos 30 vertederos a cielo abierto.

Conflicto con ODS 1, ODS 8 y ODS 10

A pesar de su intención de promover la sostenibilidad ambiental, la ley presenta deficiencias críticas que amenazan la dimensión social del desarrollo sostenible:

1. Exclusión de Recicladores Informales: La legislación no contempla mecanismos efectivos para integrar a los “buzos” en el nuevo sistema formalizado. Esto pone en riesgo el sustento de miles de familias, contraviniendo el ODS 1 (Fin de la Pobreza) y el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).
2. Vulnerabilidad de Poblaciones Migrantes: Se estima que entre el 60% y el 70% de los recicladores son migrantes haitianos sin estatus migratorio regular. Su exclusión del nuevo modelo no solo les niega una oportunidad de trabajo decente, sino que agrava su situación de vulnerabilidad, en conflicto con el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).
3. Falta de Reconocimiento del Rol Económico: La ley ignora el papel fundamental que estas redes informales desempeñan en la cadena de reciclaje y la economía circular, aunque sea de manera precaria.

El Impacto Humano: La Lucha por la Dignidad y el Trabajo Decente (ODS 8)

Para los recicladores informales, los vertederos son espacios de subsistencia y autonomía, a pesar de las condiciones extremadamente peligrosas que atentan contra el ODS 3 (Salud y Bienestar). Testimonios de trabajadores como Kiko, Altagracia y Nairobi revelan una realidad compleja donde la precariedad coexiste con un sentido de dignidad, comunidad y libertad económica que no encuentran en otros sectores.

Dimensiones de la Informalidad

• Riesgos Laborales: Los trabajadores se exponen a cortes, infecciones y contaminación, evidenciando una ausencia total de condiciones de trabajo decente (ODS 8).
• Autonomía y Sostenibilidad Económica: A pesar de los riesgos, el reciclaje informal ofrece ingresos superiores a otros trabajos precarios como el corte de caña, permitiendo a personas como Altagracia y Nairobi alcanzar independencia económica y sostener a sus familias.
• Barreras Estructurales: La falta de documentación impide el acceso a la educación, a servicios básicos y a la integración formal en la economía, perpetuando un ciclo de pobreza y exclusión que desafía el principio de “no dejar a nadie atrás” de la Agenda 2030.

Conclusión: Hacia una Transición Justa que Integre todos los ODS

El plan de la República Dominicana para modernizar su gestión de residuos es un paso necesario para cumplir con los ODS 11 y 12. Sin embargo, su implementación actual amenaza con generar una crisis social que contraviene directamente los ODS 1, 8 y 10. Un verdadero progreso hacia el desarrollo sostenible requiere que el cierre de vertederos se acompañe de políticas inclusivas que reconozcan, regularicen e integren a los miles de recicladores informales. Desechar a las personas que viven de los residuos no es una solución sostenible; es una condena social que ignora la interdependencia de las dimensiones económica, social y ambiental del desarrollo.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 1: Fin de la pobreza

  El artículo se centra en las más de 12,000 personas, conocidas como “buzos”, que dependen de rebuscar en la basura para sobrevivir. Esta población vive en condiciones de pobreza extrema, y el cierre de los vertederos amenaza su único medio de subsistencia, lo que podría agravar su situación económica.

• ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico

  Se describe el trabajo de los “buzos” como una actividad económica informal, precaria y peligrosa. La nueva Ley 225-20, aunque busca formalizar la gestión de residuos, no ofrece mecanismos de inclusión para estos trabajadores, amenazando su empleo sin proporcionar alternativas de “trabajo decente”. El artículo destaca la autonomía que este trabajo les da (“Aquí no hay jefes”), pero también sus riesgos y bajos ingresos.

• ODS 10: Reducción de las desigualdades

  El texto subraya que una gran parte de los “buzos” son migrantes haitianos sin documentos o sus descendientes. Esta condición los excluye de derechos básicos y de la posibilidad de ser integrados en el nuevo sistema formal. Se menciona que “entre el 60 % y el 70 % de quienes trabajan en los vertederos no tienen regularización migratoria”, lo que evidencia una profunda desigualdad basada en el origen y el estatus migratorio.

• ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

  El núcleo del artículo es la gestión de residuos sólidos en la República Dominicana. Se menciona la existencia de 358 vertederos a cielo abierto, la mayoría “sin control sanitario ni ambiental”, y la generación de más de siete millones de toneladas de residuos al año. El plan del gobierno para cerrar estos vertederos está directamente relacionado con la creación de sistemas de gestión de desechos más sostenibles en las ciudades.

• ODS 12: Producción y consumo responsables

  El artículo aborda directamente el ciclo de vida de los productos y la gestión de desechos. Se indica que “solo el 7 % se recicla”, lo que demuestra un modelo de consumo y producción insostenible. La Ley 225-20 y el trabajo de los “buzos”, que recuperan materiales reciclables, son elementos clave en la transición hacia una economía circular y una gestión de residuos más responsable.

• ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

  La falta de documentación es un tema central que impide a los “buzos” acceder a derechos y oportunidades. Kiko afirma: “Yo no pude ir a la escuela por la falta de documentos. Y sin documentos no puedes hacer nada”. Esto se relaciona con la necesidad de proporcionar una identidad jurídica para todos, un pilar para el acceso a la justicia y la inclusión social.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 1.3:

  Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos y, para 2030, lograr una cobertura sustancial de los pobres y los vulnerables. El artículo critica la Ley 225-20 precisamente por no contemplar “mecanismos efectivos para integrar a los recicladores informales” ni medidas de protección social para las 12,000 personas que perderían su sustento.

• Meta 8.8:

  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. El testimonio de Kiko sobre los peligros del vertedero (“te puedes pinchar con una jeringa o cortar con un vidrio”) ilustra la falta de un entorno de trabajo seguro para estos trabajadores precarios.

• Meta 10.7:

  Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas. El artículo menciona la situación de los migrantes haitianos sin papeles y las repatriaciones masivas (“más de 180,000 haitianos han sido repatriados”), lo que refleja los desafíos en la gestión de la migración.

• Meta 11.6:

  Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo. La iniciativa del gobierno de cerrar 358 vertederos a cielo abierto y modernizar el sistema de residuos con la Ley 225-20 es un esfuerzo directo para alcanzar esta meta.

• Meta 12.5:

  Para 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. El dato de que “solo el 7 % se recicla” en el país muestra la gran brecha existente para cumplir esta meta, mientras que el trabajo de los “buzos” contribuye directamente al reciclaje, aunque de manera informal.

• Meta 16.9:

  Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante el registro de nacimientos. La afirmación de que “entre el 60 % y el 70 %” de los recicladores no tienen documentos y el testimonio de Kiko sobre cómo esto le impidió ir a la escuela, subrayan la importancia y la carencia de una identidad jurídica para esta población.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 11.6.1:

  Proporción de residuos sólidos urbanos recogidos periódicamente y con una descarga final adecuada del total de residuos sólidos urbanos generados, por ciudad. El artículo proporciona datos clave para este indicador al señalar que existen “358 vertederos a cielo abierto” donde la mayoría de los residuos terminan “sin control sanitario ni ambiental”, lo que indica una baja proporción de descarga final adecuada.

• Indicador 12.5.1:

  Tasa nacional de reciclado, toneladas de material reciclado. El artículo menciona explícitamente este indicador al afirmar que “Solo el 7 % se recicla” del total de residuos generados en el país. Este dato sirve como línea de base para medir el progreso en la gestión de residuos.

• Indicador 1.1.1 (implícito):

  Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza. Aunque no se da una cifra exacta, el ingreso diario de Nairobi (“el equivalente a cuatro euros al día”) y la dependencia de más de 12,000 personas de la basura para sobrevivir, sugieren que esta población vive por debajo del umbral de pobreza.

• Indicador 16.9.1 (implícito):

  Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha inscrito en un registro civil. La falta de documentos de Kiko desde la niñez y el dato de que entre el 60% y 70% de los recicladores no tienen regularización migratoria, muchos de ellos descendientes de haitianos, implica una baja tasa de registro de nacimiento y, por ende, de identidad jurídica en esta comunidad.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: theconversation.com