Iniciativa de Sheinbaum contra extorsión validaría pruebas obtenidas mediante tortura: Centro Prodh – Proceso

Análisis de la Propuesta de Ley contra la Extorsión y sus Implicaciones para el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Se ha presentado una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. Este informe analiza la propuesta, destacando tanto sus objetivos alineados con la Agenda 2030 como las preocupaciones expresadas por organizaciones de la sociedad civil respecto a posibles contravenciones a los derechos humanos, un pilar fundamental del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.

Contexto: La Extorsión como Obstáculo para el Desarrollo Sostenible

La extorsión es un delito que impacta directamente en la consecución de múltiples ODS. No solo socava la seguridad y la paz (ODS 16), sino que también frena el crecimiento económico al afectar a pequeñas y medianas empresas (ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico) y deteriora la calidad de vida en las comunidades (ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles).

Avances en la Estrategia Nacional y su Contribución al ODS 16

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se han reportado avances significativos que buscan fortalecer las instituciones y garantizar el acceso a la justicia, en línea con las metas del ODS 16. Los resultados presentados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incluyen:

• Fortalecimiento de la denuncia ciudadana: A través de la línea telefónica 089, se recibieron 59,000 llamadas anónimas, lo que facilitó la prevención del delito en un 74% de los casos.
• Acciones de justicia y rendición de cuentas: Se ha detenido a 386 personas en 19 entidades y se iniciaron 1,986 carpetas de investigación.
• Incremento en la confianza institucional: Las denuncias anónimas diarias aumentaron en un 85%, pasando de un promedio de 349 a 637.

Puntos Clave de la Iniciativa de Ley

La propuesta legislativa busca consolidar estos esfuerzos mediante un marco jurídico unificado. Sus principales objetivos son:

1. Homologar el tipo penal a nivel nacional para una respuesta coordinada, contribuyendo a la meta 16.a del ODS 16 sobre el fortalecimiento de instituciones.
2. Facilitar la denuncia anónima, eliminando barreras para las víctimas y promoviendo el acceso a la justicia (meta 16.3).
3. Establecer la persecución de oficio del delito, asegurando que el Estado actúe proactivamente para reducir la violencia (meta 16.1).

Alerta sobre el Artículo 27: Un Riesgo para el Estado de Derecho (ODS 16.3)

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha emitido una alerta sobre el artículo 27 de la iniciativa. La organización advierte que su redacción podría socavar el ODS 16.3, que busca promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

Principales Preocupaciones

• Contravención a estándares de derechos humanos: El artículo permitiría a la autoridad judicial validar pruebas obtenidas mediante violaciones a derechos humanos, como la tortura, bajo excepciones como “fuente independiente”, “vínculo atenuado” o “descubrimiento inevitable”.
• Retroceso en la protección del debido proceso: Esta disposición contradice el principio de exclusión absoluta de pruebas obtenidas bajo tortura, establecido en la Ley General sobre Tortura y en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Debilitamiento de las instituciones de justicia: Al permitir la validación de pruebas ilícitas, se corre el riesgo de debilitar la integridad y la transparencia de las instituciones judiciales, un componente esencial para el cumplimiento del ODS 16.

La aprobación de este artículo en su forma actual representaría un retroceso significativo en la protección de los derechos fundamentales, comprometiendo los avances hacia la construcción de una sociedad pacífica, justa e inclusiva como lo mandata la Agenda 2030.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

• El artículo se centra en la creación de una nueva ley para combatir la extorsión, un delito que socava la paz y la seguridad. También aborda el funcionamiento del sistema de justicia, incluyendo los procedimientos de investigación, la presentación de pruebas y el debido proceso. La preocupación expresada por el Centro Prodh sobre la posible validación de pruebas obtenidas mediante tortura se relaciona directamente con la necesidad de tener instituciones de justicia que sean justas, responsables y que respeten los derechos humanos.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo

• La iniciativa de ley mencionada en el artículo tiene como objetivo principal combatir la extorsión, que es una forma de violencia y un delito grave. El artículo cita al Secretario de Seguridad, quien informa que la estrategia actual ha evitado la consumación del delito en un 74% de los casos denunciados, lo que contribuye directamente a la reducción de esta forma de violencia.

Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos

• El artículo gira en torno a la promoción del estado de derecho a través de una nueva “Ley General”. Sin embargo, también destaca una tensión fundamental dentro de esta meta. Por un lado, la ley busca facilitar las denuncias anónimas y la persecución de oficio para mejorar el acceso a la justicia para las víctimas de extorsión. Por otro lado, la advertencia del Centro Prodh sobre el artículo 27 señala un riesgo de socavar el estado de derecho al permitir pruebas obtenidas mediante violaciones a los derechos humanos, lo que iría en contra de la “igualdad de acceso a la justicia” y el debido proceso para los acusados.

Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, capacidad para prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia

• La propuesta de que la iniciativa sea una “ley general” tiene como fin “la homologación del tipo penal en los estados” y promover la “colaboración interinstitucional”. Esto representa un esfuerzo explícito por fortalecer las instituciones nacionales (fiscalías, policías, poder judicial) para combatir de manera más coordinada y eficaz un delito específico como la extorsión.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

Indicadores relacionados con la Meta 16.1 y 16.3

• Número de denuncias y carpetas de investigación: El artículo proporciona datos cuantitativos que pueden servir como indicadores de la confianza ciudadana en las instituciones y del acceso a la justicia. Se mencionan “59 mil llamadas anónimas para denunciar intentos de extorsión” y “mil 986 carpetas de investigación iniciadas”. Estos datos se relacionan con el Indicador 16.3.1 (Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que denunciaron su victimización a las autoridades competentes).

• Aumento en el promedio de denuncias diarias: El texto especifica que las denuncias anónimas “pasaron de un promedio de 349 denuncias diarias entre enero y junio a 637 denuncias diarias en los meses posteriores, un incremento de 85%”. Este es un indicador claro del aumento en la tasa de denuncia, un aspecto clave para medir el acceso a la justicia.

• Número de detenciones: El informe de que “las autoridades han detenido a 386 personas en 19 entidades del país” sirve como un indicador de la eficacia del sistema de justicia penal en la persecución del delito de extorsión.

• Respeto al debido proceso: Aunque no es un indicador numérico, la preocupación del Centro Prodh sobre el artículo 27 y la posible exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura es un indicador cualitativo crucial. El cumplimiento de los estándares internacionales sobre el debido proceso, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los “Campesinos Ecologistas contra México”, es fundamental para medir la calidad y la legitimidad del estado de derecho (Meta 16.3).

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: proceso.com.mx