Política social y política de seguridad. Líneas que el poder difumina a conveniencia – Expansión Política

Informe sobre la Articulación de Políticas Sociales y de Seguridad para el Avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en México

Introducción: Un Desafío Conceptual para la Agenda 2030

En el contexto mexicano, se observa una persistente confusión conceptual entre la política social y la política de seguridad, lo cual representa un obstáculo para el cumplimiento integral de la Agenda 2030. La política social, alineada con el ODS 1 (Fin de la Pobreza), el ODS 3 (Salud y Bienestar) y el ODS 4 (Educación de Calidad), busca reducir vulnerabilidades estructurales. Por otro lado, la política de seguridad se enfoca en la prevención y sanción del delito, contribuyendo directamente al ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas). La fusión indiscriminada de ambas áreas de política pública arriesga la eficacia de las intervenciones estatales, al tratar problemáticas de seguridad con herramientas diseñadas exclusivamente para la mitigación de carencias económicas.

Análisis de la Intersección entre Política Social y Seguridad a la Luz de los ODS

La Insuficiencia de las Transferencias Monetarias para el ODS 16

Las transferencias monetarias directas han demostrado ser una herramienta efectiva para avanzar en el ODS 1 y el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades). Sin embargo, la evidencia empírica indica que su impacto directo sobre la criminalidad y la violencia es heterogéneo. Estos programas, si bien pueden mitigar factores de riesgo asociados a la violencia, no sustituyen las funciones esenciales para el cumplimiento del ODS 16, tales como:

• Prevención situacional del delito.
• Fortalecimiento del sistema de procuración de justicia.
• Reducción de la impunidad.
• Control efectivo del delito.

La dependencia exclusiva en transferencias sociales sin una estrategia de seguridad articulada puede generar resultados ambivalentes y no garantiza la construcción de sociedades pacíficas y justas.

El Enfoque de Derechos Humanos y su Vínculo con el ODS 16

La estrategia de equiparar el gasto social con la seguridad pública presenta implicaciones directas para los derechos humanos, un pilar fundamental del ODS 16. Si bien se registran avances cuantificables en la reducción de la pobreza (ODS 1), el Estado mantiene su obligación de garantizar el derecho a la seguridad, al debido proceso y a la protección. Justificar la omisión en el fortalecimiento de las capacidades policiales y judiciales apelando únicamente a los programas sociales contraviene el marco normativo de derechos humanos y puede vulnerar a las poblaciones beneficiarias al dejarlas expuestas a la violencia sin una protección estatal efectiva.

La Complementariedad de Políticas como Estrategia para Acelerar la Agenda 2030

Un enfoque integral reconoce la sinergia entre las políticas sociales y de seguridad. La política social contribuye a reducir las vulnerabilidades estructurales que pueden ser causas subyacentes de la criminalidad, apoyando así indirectamente la paz y la seguridad. A su vez, una política de seguridad robusta, alineada con el ODS 16, crea un entorno seguro que es indispensable para que las inversiones en salud (ODS 3), educación (ODS 4) y desarrollo urbano (ODS 11 – Ciudades y Comunidades Sostenibles) prosperen. La falta de articulación resulta en una baja sinergia y en soluciones temporales que no abordan las estructuras de la violencia. Las mejores prácticas internacionales demuestran que los programas más efectivos combinan:

• Intervenciones económicas (empleo, educación).
• Políticas de prevención situacional (infraestructura urbana, espacios públicos seguros).
• Reforma institucional (policías profesionales, fiscalías autónomas).

Propuesta de un Modelo de Intervención Integral Basado en los ODS

Se propone un modelo de política pública integrado, fundamentado en cuatro pilares estratégicos para la implementación coordinada de la Agenda 2030:

1. Diagnóstico Diferenciado y Espacializado: Utilizar datos sobre pobreza multidimensional y riesgos de victimización para diseñar intervenciones que aborden simultáneamente las metas de los ODS 1, 10 y 16 en territorios prioritarios.
2. Paquetes de Intervención Sincronizados: Desarrollar paquetes de políticas a nivel regional que combinen transferencias condicionadas (vinculadas a los ODS 3 y 4), inversión en infraestructura para ciudades seguras (ODS 11) y el fortalecimiento de las instituciones de justicia (ODS 16).
3. Gobernanza Intersectorial (ODS 17): Establecer mecanismos de coordinación y alianzas, en línea con el ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos), entre las secretarías de desarrollo social, seguridad, salud y justicia. Estos mecanismos deben contar con indicadores compartidos, sistemas de rendición de cuentas y evaluación independiente.
4. Protección Integral de Derechos (ODS 16): Asegurar que todas las intervenciones incorporen protocolos de derechos humanos, garantizando el acceso a la justicia, la reparación para las víctimas y la participación ciudadana, como mandata el ODS 16.

Conclusión: Hacia una Transformación Sostenible

Las políticas sociales y de seguridad no son intercambiables, sino componentes complementarios de una estrategia de desarrollo sostenible. Su correcta articulación es fundamental para reducir simultáneamente la vulnerabilidad y la victimización. Un enfoque integral, basado en datos, coordinación interinstitucional y un compromiso irrestricto con los derechos humanos, es la única vía para transitar del alivio temporal a transformaciones sostenibles que garanticen el bienestar y la seguridad ciudadana, en pleno cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Análisis de Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 1: Fin de la Pobreza

  El artículo aborda directamente este objetivo al discutir la política social orientada a “reducir vulnerabilidades estructurales (pobreza, acceso a salud, educación, vivienda)”. Menciona explícitamente la “reducción de pobreza” como un resultado de las transferencias monetarias y propone un diagnóstico basado en la “pobreza multidimensional”.

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  Este es un ODS central en el artículo. La discusión se centra en la política de seguridad, que incluye la “prevención, investigación y sanción del delito”, la necesidad de fortalecer el “sistema de procuración de justicia”, reducir la “impunidad” y contar con una “policía profesional” y “fiscalías independientes”. Además, se enfatiza la protección de los “derechos humanos”, el “debido proceso” y el “acceso efectivo a la justicia”.

• ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles

  Este objetivo es relevante en la propuesta de un “modelo de intervención integral”. El autor sugiere combinar intervenciones económicas con “políticas de prevención situacional (iluminación, diseño urbano)” e inversión en “infraestructura urbana, alumbrado, espacios públicos”, lo cual contribuye a crear entornos urbanos más seguros y sostenibles.

• ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos

  El artículo aboga por la complementariedad y la articulación entre diferentes áreas de la política pública. La propuesta de crear “Mecanismos de gobernanza intersectorial” y “coordinación entre secretarías de desarrollo social, seguridad, salud y procuración de justicia con metas e indicadores compartidos” refleja el espíritu de este ODS, que promueve la coherencia de las políticas y las alianzas entre instituciones.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 1.2: Reducir la pobreza en todas sus dimensiones

  El artículo se alinea con esta meta al proponer un “Diagnóstico diferenciado y espacializado” que mapee la “pobreza multidimensional” utilizando datos de Coneval/Inegi, con el fin de focalizar las intervenciones de política social.

• Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia

  El texto se enfoca en la necesidad de una política de seguridad efectiva para abordar el “mercado delictivo”, transformar “estructuras de violencia” y disminuir los “riesgos de victimización”, lo cual está directamente relacionado con la reducción de la violencia.

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia

  Se identifica esta meta en la insistencia del artículo en la necesidad de fortalecer el “sistema de procuración de justicia”, reducir la “impunidad” y garantizar el “acceso efectivo a la justicia” y el “debido proceso” para las víctimas.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas

  El autor propone la reforma institucional a través de una “policía profesional, fiscalías independientes” y la creación de “mecanismos de gobernanza intersectorial” con “rendición de cuentas y evaluación independiente”, lo que apunta a la construcción de instituciones más sólidas y confiables.

• Meta 11.7: Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros

  La recomendación de implementar “políticas de prevención situacional” que incluyan mejoras en “iluminación, diseño urbano” e inversión en “espacios públicos” busca hacer las comunidades más seguras, lo que se alinea directamente con esta meta.

• Meta 17.14: Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible

  El argumento central del artículo es una crítica a la falta de articulación entre la política social y la de seguridad. La propuesta de un “modelo de intervención integral” y la “coordinación entre secretarías” es un llamado directo a mejorar la coherencia de las políticas públicas para lograr resultados sostenibles.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

• Indicador 1.2.2: Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales

  Este indicador está explícitamente mencionado. El artículo sugiere “Instrumentar datos de Coneval/Inegi para focalización” y mapear la “pobreza multidimensional”. El CONEVAL es la institución en México encargada de la medición oficial de la pobreza multidimensional, que corresponde a este indicador.

• Indicadores implícitos para la Meta 16.1 (p. ej., 16.1.3 y 16.1.4)

  Aunque no se citan números de indicadores, el artículo habla de mapear “riesgos de victimización” y mejorar la “seguridad ciudadana”. Esto implica la medición de tasas de victimización (relacionado con el Indicador 16.1.3: Proporción de la población que ha sufrido violencia) y la percepción de seguridad (relacionado con el Indicador 16.1.4: Proporción de la población que se siente segura al caminar sola).

• Indicadores implícitos para la Meta 16.3 (p. ej., 16.3.2)

  La discusión sobre la “reducción de la impunidad” y la “victimización no atendida” sugiere la necesidad de medir la eficacia del sistema de justicia. Esto se relaciona con indicadores como el 16.3.2 (Proporción de víctimas de violencia que denunciaron su victimización a las autoridades), ya que una baja tasa de denuncia puede ser un síntoma de impunidad y falta de confianza en las instituciones.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: politica.expansion.mx