Centro Prodh asegura que iniciativa contra la extorsión valida pruebas obtenidas por medio de tortura – Infobae

Análisis de la Iniciativa de Ley contra la Extorsión y su Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El presente informe analiza la propuesta de Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, impulsada por la presidencia de México. Se evalúa su doble impacto: por un lado, su potencial para fortalecer el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas), y por otro, las serias preocupaciones que genera en materia de derechos humanos, las cuales contravienen los principios fundamentales de dicho ODS.

Contribuciones Potenciales a la Agenda 2030

Fortalecimiento del ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

La iniciativa busca robustecer el marco legal para combatir la extorsión, un delito que socava la paz social y el desarrollo económico. Sus objetivos se alinean con varias metas de los ODS:

• Reducción de la Violencia (Meta 16.1): Al proponer penas de hasta 25 años de cárcel y tipificar 34 agravantes, la ley busca reducir significativamente una de las formas de violencia y delincuencia que más afectan a la ciudadanía.
• Lucha contra la Corrupción (Meta 16.5): La propuesta considera como agravante la participación de servidores públicos, un paso crucial para reducir la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia.
• Instituciones Eficaces y Rendición de Cuentas (Meta 16.6): Al buscar aclarar la competencia entre fiscalías federales y estatales para delitos como el “cobro de piso”, se pretende reducir la impunidad y hacer más eficaces a las instituciones de justicia, evitando que las víctimas queden en indefensión.

Impacto en ODS Adicionales

• ODS 10 (Reducción de las Desigualdades): La ley contempla un aumento de penas cuando el delito se comete contra grupos vulnerables, como migrantes, menores de 18 años, mujeres embarazadas o personas mayores de 60 años, contribuyendo a proteger a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
• ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico): El combate frontal al “cobro de piso” y otras formas de extorsión a negocios y empresas es fundamental para garantizar un entorno seguro para la inversión y el crecimiento económico sostenible.

Contradicciones y Riesgos para el Estado de Derecho (ODS 16.3)

Alerta Crítica sobre el Artículo 27

A pesar de sus objetivos loables, organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) han emitido una grave alerta sobre el Artículo 27 de la iniciativa. Este artículo representa una amenaza directa a la meta 16.3, que busca promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

La principal preocupación es que dicho artículo podría permitir la validación de pruebas obtenidas mediante tortura y otras violaciones a los derechos humanos, bajo ciertas excepciones. Esto constituye un retroceso significativo en la protección del debido proceso.

Implicaciones Negativas para la Justicia y los Derechos Humanos

1. Violación del Principio de Exclusión Absoluta: El artículo contraviene la jurisprudencia internacional, como la establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que exige la exclusión absoluta de cualquier prueba obtenida bajo tortura.
2. Debilitamiento de Instituciones Sólidas (ODS 16): Permitir pruebas ilícitas socava la integridad y la credibilidad del sistema de justicia. En lugar de construir instituciones sólidas y responsables, se corre el riesgo de legitimar prácticas abusivas, debilitando la confianza ciudadana.
3. Contradicción con la Legislación Vigente: La propuesta entra en conflicto directo con la Ley General sobre Tortura, que establece de manera inequívoca la nulidad de pruebas obtenidas por esta vía.

Balance General

La iniciativa de ley contra la extorsión presenta una dualidad. Por una parte, su intención de endurecer las penas y proteger a las víctimas se alinea con los esfuerzos para alcanzar un México más seguro y justo, en consonancia con los ODS 16, 10 y 8. Sin embargo, la redacción del Artículo 27 introduce un riesgo inaceptable que amenaza con erosionar los cimientos del estado de derecho y los derechos humanos, pilares fundamentales del ODS 16. Para que esta ley contribuya genuinamente a la Agenda 2030, es imperativo que su discusión y eventual aprobación garanticen la protección irrestricta del debido proceso y la exclusión total de pruebas obtenidas mediante tortura.

Análisis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Artículo

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

El artículo aborda principalmente temas relacionados con la justicia, la seguridad, los derechos humanos y la protección de grupos vulnerables, los cuales se conectan directamente con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible:

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas: Este es el objetivo más relevante. El artículo se centra en una iniciativa de ley para “prevenir, investigar y sancionar” el delito de extorsión, lo que se alinea con la promoción de sociedades justas y pacíficas. Discute la creación de un marco legal (la ley misma), el funcionamiento de las instituciones de justicia (Fiscalía General, fiscalías estatales, autoridad judicial) y las graves preocupaciones sobre el debido proceso y los derechos humanos, como la posible validación de pruebas obtenidas mediante tortura.
• ODS 5: Igualdad de Género: El artículo menciona explícitamente que la propuesta de ley contempla un aumento de la pena cuando la extorsión se comete contra “mujeres embarazadas”. Esto conecta directamente con el objetivo de proteger a las mujeres de todas las formas de violencia y garantizar su seguridad.
• ODS 10: Reducción de las Desigualdades: La iniciativa de ley busca proteger a grupos específicos en situación de vulnerabilidad. El artículo señala que se prevén penas más severas cuando la extorsión se comete contra “migrantes, menores de 18 años… o personas mayores de 60 años”. Esto se alinea con la meta de potenciar la inclusión social y proteger los derechos de las poblaciones más vulnerables.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

Basado en el contenido del artículo, se pueden identificar las siguientes metas específicas de los ODS:

1. Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo. La “Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión” tiene como objetivo principal combatir un delito que, como se menciona en el artículo, puede implicar “violencia física, moral o psicológica”. Al proponer penas de “10 a 25 años de cárcel”, la ley busca disuadir y castigar esta forma de violencia.
2. Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. El artículo destaca una tensión en esta meta. Por un lado, la ley busca fortalecer el estado de derecho al tipificar y sancionar la extorsión y aclarar la competencia entre fiscalías para evitar la “impunidad”. Por otro lado, la advertencia del Centro Prodh sobre el artículo 27, que podría validar pruebas obtenidas por tortura, representa una amenaza directa al “debido proceso” y al principio de “exclusión absoluta” de pruebas ilícitas, socavando la igualdad de acceso a una justicia imparcial.
3. Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado. La propuesta de aumentar las penas para la extorsión cometida contra “mujeres embarazadas” es una medida específica que contribuye directamente a esta meta, reconociendo su particular vulnerabilidad y buscando erradicar la violencia dirigida hacia ellas.
4. Meta 10.2: De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. La ley aborda esta meta al establecer agravantes y penas más altas para delitos cometidos contra grupos vulnerables como “migrantes, menores de 18 años… y personas mayores de 60 años”, buscando protegerlos de la victimización y reducir las desigualdades que enfrentan en materia de seguridad.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

El artículo no menciona explícitamente los indicadores numéricos de los ODS, pero su contenido se relaciona implícitamente con la forma en que se mediría el progreso:

• Relacionado con el Indicador 16.1.3 (Proporción de la población que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual en los 12 meses anteriores): El artículo trata sobre la extorsión, un delito que a menudo implica “violencia física, moral o psicológica”. La efectividad de la ley podría medirse a través de la reducción en la proporción de la población que reporta ser víctima de extorsión, un subconjunto de la violencia psicológica y económica que mide este indicador.
• Relacionado con el Indicador 16.3.1 (Proporción de víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que denunciaron su victimización a las autoridades competentes): La iniciativa busca aclarar la competencia entre fiscalías para evitar la “impunidad” y que las víctimas no queden en “estado de indefensión”. Un aumento en la tasa de denuncias de extorsión podría ser un indicador de una mayor confianza en las instituciones de justicia, lo cual es un objetivo de esta meta.
• Relacionado con el Indicador 16.3.2 (Proporción de detenidos sin sentencia respecto del total de la población reclusa): La preocupación del Centro Prodh sobre el artículo 27 y la posible admisión de pruebas obtenidas mediante tortura afecta directamente la calidad del debido proceso. El seguimiento de casos en los que se anulan pruebas por haber sido obtenidas mediante tortura o violaciones a derechos humanos sería un indicador cualitativo clave para medir el respeto al estado de derecho. El número de condenas basadas en pruebas cuestionadas sería un contraindicador del progreso.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: infobae.com