En segunda votación aprueban dictamen que otorga amnistía a miembros de FF. AA. y PNP que lucharon en contra del terrorismo – Congreso

Informe sobre la Aprobación del Proyecto de Ley 7549/2023-CR y su Vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Contexto Normativo y Aprobación

La Comisión Permanente del Congreso ha aprobado, en segunda votación, el dictamen del Proyecto de Ley 7549/2023-CR. La votación finalizó con 16 votos a favor, 11 en contra y cero abstenciones. Esta ley concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú (PNP) y comités de autodefensa por su participación en acciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo durante el período comprendido entre 1980 y 2000.

Criterios Específicos para la Aplicación de la Amnistía

El beneficio de la amnistía se aplicará bajo dos supuestos claramente definidos en la normativa:

1. Aplica a personal de las FF.AA., PNP y comités de autodefensa que, a la fecha, se encuentren en calidad de denunciados, investigados o procesados por delitos vinculados al conflicto armado interno, siempre que no cuenten con una sentencia firme con calidad de cosa juzgada.
2. Aplica a personal de las mismas instituciones, incluyendo a los comités de autodefensa, que sean adultos mayores y ya cuenten con una sentencia firme o en proceso de ejecución. Para este grupo, se establece como requisito tener 70 años de edad o más para acceder al beneficio.

Análisis desde la Perspectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La aprobación de esta ley genera un debate significativo en relación con el cumplimiento de la Agenda 2030, especialmente en lo que respecta a los siguientes ODS:

ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Este objetivo es central para el análisis de la ley de amnistía, ya que presenta una tensión directa entre sus metas de paz y justicia.

• Promoción de la Paz y Reconciliación: Los defensores de la ley, como los congresistas Fernando Rospigliosi y Jorge Montoya, argumentan que la medida busca cerrar heridas y dar fin a procesos judiciales prolongados que afectan a más de 1,200 familias. Desde esta óptica, la ley podría interpretarse como un esfuerzo por consolidar la paz y reconocer la labor de las fuerzas del orden en la derrota del terrorismo, contribuyendo a la estabilidad social.
• Desafíos a la Justicia y la Rendición de Cuentas: Por otro lado, la ley plantea serios cuestionamientos a la meta 16.3, que busca “promover el estado de derecho (…) y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos”. Al conceder amnistía, se corre el riesgo de fomentar la impunidad y negar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto. La oposición de parlamentarios como Ruth Luque y Alex Flores refleja la preocupación de que esta medida debilite las instituciones judiciales y el principio de rendición de cuentas, fundamental para la solidez institucional (Meta 16.6).

ODS 10: Reducción de las Desigualdades y ODS 3: Salud y Bienestar

La ley también tiene implicaciones en la reducción de desigualdades y el bienestar de grupos específicos.

• Consideraciones por Edad y Bienestar: La disposición que beneficia a mayores de 70 años puede ser vista como una medida que atiende a un grupo vulnerable, en línea con el ODS 10 (reducir la desigualdad por motivos de edad) y el ODS 3 (garantizar una vida sana y promover el bienestar). Se argumenta que busca aliviar la carga de procesos judiciales en personas de edad avanzada.
• Riesgo de Desigualdad ante la Ley: Sin embargo, la ley podría generar una forma de desigualdad al crear un estándar de justicia diferenciado para un grupo específico (agentes del Estado) en detrimento de otro (víctimas y sus familiares). Esto contraviene el principio fundamental del ODS 10 de asegurar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades de resultados, incluyendo el acceso equitativo a la justicia.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo se centra en la aprobación de una ley de amnistía (Proyecto de Ley 7549/2023-CR) que interviene directamente en el sistema de justicia del Perú. Aborda cuestiones de responsabilidad por actos cometidos durante un período de conflicto interno (“lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000”). La decisión de conceder amnistía afecta los procesos judiciales, la rendición de cuentas de las instituciones de seguridad (Fuerzas Armadas, Policía Nacional) y el concepto de justicia para las víctimas y los acusados. Por lo tanto, el ODS 16 es el más relevante, ya que se ocupa de promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  Esta meta está directamente relacionada con el núcleo del artículo. La ley de amnistía altera el funcionamiento del estado de derecho al extinguir la responsabilidad penal para un grupo específico por delitos cometidos en un período determinado. Afecta directamente el “acceso a la justicia”, ya que limita la capacidad del sistema judicial para procesar a los individuos “denunciados, investigados o procesados” y anula sentencias para otros (“adultos mayores que cuenten con sentencia firme”). El debate entre los parlamentarios a favor y en contra, como Ruth Luque Ibarra, refleja una tensión sobre cómo se debe aplicar la justicia y el estado de derecho en este contexto.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  La amnistía impacta en la rendición de cuentas de las instituciones estatales, específicamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Al conceder amnistía, se limita la capacidad del sistema judicial para hacer que los miembros de estas instituciones rindan cuentas por sus acciones durante el período 1980-2000. El argumento del presidente de la Comisión, Fernando Rospigliosi, de que actuaron “con coraje y amor por la patria”, se contrapone al principio de que las instituciones estatales y sus agentes deben ser responsables de sus actos ante la ley, un pilar de la Meta 16.6.

• Meta 16.1: Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo.

  Aunque la ley no aborda la violencia actual, trata las secuelas de un período de violencia extrema, descrito en el artículo como una época en que “el terrorismo que desangró al país”. Las leyes de amnistía son herramientas post-conflicto que buscan, desde la perspectiva de sus defensores, cerrar heridas y fomentar la reconciliación para consolidar la paz y evitar la repetición de la violencia. Por lo tanto, la ley se conecta con el objetivo más amplio de manejar las consecuencias de la violencia para asegurar una paz duradera.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

El artículo no menciona explícitamente ningún indicador numérico de los ODS, ya que es un comunicado de prensa sobre una acción legislativa. Sin embargo, se pueden inferir conexiones con la lógica de ciertos indicadores:

• Indicador 16.3.2 (Proporción de detenidos sin sentencia respecto de la población carcelaria total):

  El artículo implica la existencia de este grupo al referirse a la amnistía para quienes “no cuenten con sentencia firme con calidad de cosa juzgada, que pudieran estar denunciados, investigados o procesados”. La mención de que “más de 1 200 familias vienen soportando durante 40 años los llamados de las citaciones fiscales” sugiere la existencia de procesos judiciales prolongados sin resolución, lo cual es un aspecto cualitativo relacionado con la eficiencia del sistema judicial que este indicador busca medir. La ley de amnistía busca resolver esta situación para un grupo específico, eliminándolos de la categoría de “procesados sin sentencia”.

• Indicador 16.3.1 (Proporción de víctimas de violencia en los últimos 12 meses que denunciaron su victimización a las autoridades competentes):

  Este indicador no se menciona directamente, pero la ley tiene un impacto directo sobre él. La existencia de personas “denunciadas, investigadas o procesadas” prueba que, en el pasado, se presentaron denuncias ante las autoridades. La ley de amnistía, al ser aprobada, anula el efecto de estas denuncias y elimina la posibilidad de que futuras denuncias sobre estos hechos prosperen, afectando fundamentalmente el mecanismo de reporte y justicia para las víctimas de la violencia de ese período.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: comunicaciones.congreso.gob.pe