Informe sobre la Ley de Delitos Económicos
Introducción
La Ley de Delitos Económicos (LDE) ha superado el último obstáculo antes de entrar en vigencia, después de un controvertido paso por el Tribunal Constitucional (TC). Es importante destacar que nuestro sistema legal debe contar con su validez. Esta nueva línea de base ha cambiado los incentivos en relación con la aplicación del derecho penal, lo que representa una oportunidad para realizar mejoras institucionales relevantes en beneficio de todos los involucrados, incluidos los gremios empresariales.
Problemas anteriores
Anteriormente, el sistema penal chileno aplicaba penas homogéneas, planas y percibidas como irrisorias en casos de delitos económicos. Esto generaba la percepción de conspiraciones para “favorecer a los poderosos”. Sin embargo, la cuestión era más rudimentaria. La práctica de determinación de la pena se basaba en dos o tres reglas que inevitablemente llevaban al mismo resultado: una pena sustitutiva. Esto brindaba consuelo a los clientes de los abogados penalistas privados, ya que era extremadamente improbable que se les impusiera una pena efectiva. Esta situación generaba constantes crisis potenciales de legitimidad en el mundo empresarial, pero minimizaba al máximo los riesgos individuales para los actores involucrados.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
- ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico
Implementación de la Ley de Delitos Económicos
La implementación de la LDE ha generado controversia debido a las expectativas que ha generado. La ley contiene reglas que pueden resultar en la imposición de penas efectivas en casos considerados graves. Sin embargo, el éxito de esta implementación depende de un mecanismo que permita graduar adecuadamente los casos, tratando como graves aquellos que lo son y evitando tratar como graves aquellos que no lo son. Es fundamental evitar que sanciones graves se apliquen en casos que no lo merecen.
Preocupaciones y propuestas
La reacción de la CPC y los gremios empresariales ante la ley puede ser entendida como una preocupación razonable. Es importante evitar que sanciones graves se extiendan a casos que no lo merecen. Sin embargo, es posible implementar mecanismos que permitan una graduación adecuada de la gravedad de los casos. Para ello, es necesario contar con definiciones precisas y líneas comunes de aplicación compartidas por los actores involucrados. Esto se puede lograr a través de un proceso de implementación bien desarrollado, basado en el conocimiento experto y en modelos comparados de implementación.
Ejemplo de implementación adecuada
Un ejemplo concreto de implementación adecuada es la institucionalización de definiciones precisas sobre casos que reflejen mayor gravedad, como la participación activa desde una posición jerárquica superior en una organización. Esto se puede lograr a través de la confrontación de casos con distintas formas de participación activa y la graduación de su gravedad por parte de jueces, fiscales, abogados, empresarios y ciudadanos comunes. Estas guías obligatorias de aplicación de la ley, basadas en el consenso de los actores involucrados, permiten maximizar la orientación hacia los casos considerados más graves.
Implementación en otros ámbitos
La generación de lineamientos institucionales para la interpretación de las reglas de determinación de la pena es solo un ejemplo de los desafíos de implementación. Es posible impulsar estrategias similares en otros ámbitos de incertidumbre, como la evaluación de modelos de prevención del delito, la coordinación entre el sistema administrativo sancionador y el sistema penal, el uso de la prisión preventiva y el tratamiento adecuado de querellas. En todos estos casos, es importante contar con lineamientos objetivos legitimados por los diferentes actores involucrados.
Conclusiones
Es un error presentar reclamos que pongan en duda la validez de las decisiones legislativas o el interés en impulsar prácticas adecuadas de tratamiento de la corrupción pública y privada. Los gremios empresariales deben comprometerse con el interés público y con el tratamiento adecuado de los casos considerados graves. Sin embargo, también es válido reclamar por una implementación ecuánime, que brinde certezas y que controle los riesgos espurios. La implementación adecuada de la Ley de Delitos Económicos es fundamental para promover la paz, la justicia y las instituciones sólidas, así como el trabajo decente y el crecimiento económico, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
(Santiago, 28 de julio de 2023)
1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con los temas destacados en el artículo:
- Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
- Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo:
- Meta 16.5: Reducir significativamente la corrupción y el soborno en todas sus formas
- Meta 17.16: Mejorar la efectividad de las alianzas globales para el desarrollo sostenible
3. Indicadores de los ODS mencionados o implícitos en el artículo:
- Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido contacto con un funcionario público y han pagado un soborno en los últimos 12 meses
- Indicador 17.16.1: Valor total de los recursos financieros movilizados para apoyar el desarrollo sostenible, por fuentes de financiamiento
4. Tabla de ODS, metas e indicadores:
| ODS | Metas | Indicadores |
|---|---|---|
| Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta 16.5: Reducir significativamente la corrupción y el soborno en todas sus formas | Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido contacto con un funcionario público y han pagado un soborno en los últimos 12 meses |
| Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos | Meta 17.16: Mejorar la efectividad de las alianzas globales para el desarrollo sostenible | Indicador 17.16.1: Valor total de los recursos financieros movilizados para apoyar el desarrollo sostenible, por fuentes de financiamiento |
El artículo aborda principalmente la implementación de la Ley de Delitos Económicos y cómo esta ley puede contribuir a mejorar las prácticas sancionatorias en casos de corrupción y delitos económicos. Esto se relaciona directamente con el Objetivo 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas, que busca reducir la corrupción y el soborno en todas sus formas. Además, el artículo menciona la importancia de generar alianzas y lineamientos institucionales para lograr una implementación adecuada de la ley, lo cual se relaciona con el Objetivo 17 de Alianzas para lograr los objetivos.
En cuanto a las metas específicas, se identifica la Meta 16.5 de reducir significativamente la corrupción y el soborno, así como la Meta 17.16 de mejorar la efectividad de las alianzas globales para el desarrollo sostenible.
Por último, se mencionan dos indicadores relevantes para medir el progreso hacia los objetivos identificados. El Indicador 16.5.1 de la proporción de personas que han pagado un soborno en los últimos 12 meses y el Indicador 17.16.1 del valor total de los recursos financieros movilizados para apoyar el desarrollo sostenible.
En resumen, el artículo aborda temas relacionados con el Objetivo 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas y el Objetivo 17 de Alianzas para lograr los objetivos. Se identifican las metas específicas de reducir la corrupción y mejorar las alianzas para el desarrollo sostenible, y se mencionan los indicadores de la proporción de personas que pagan sobornos y el valor de los recursos financieros movilizados.
¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.
Fuente: diarioconstitucional.cl
Únete a nosotros en un viaje transformador en https://sdgtalks.ai/welcome, para contribuir activamente a un futuro mejor.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/OP76SBZGH5GITF4ZDTH2FPGAWI.jpg "La “extrema violencia” en una agresión sexual: argumento del Supremo para anular la rebaja de la ley del solo sí es sí")
