Las transnacionales aumentan su ofensiva
A paso redoblado, grandes grupos empresariales internacionales continúan su ofensiva contra los Estados latinoamericanos y caribeños exigiendo pagos multimillonarios en concepto de indemnizaciones.
Entre el inicio de este año y el 24 de julio, el Transnational Institute (TNI), con sede en Ámsterdam, Países Bajos, constató 18 nuevas demandas promovidas por grandes empresas norteamericanas y europeas contra Estados de América Latina y el Caribe. Esta región contabiliza un total de 364 procesos de este tipo en su contra, más de la mitad de los mismos promovidos en los últimos 12 años. Como lo explica el TNI, América Latina y el Caribe constituyen una de las regiones del mundo que más siente el impacto del régimen de arbitraje internacional incorporado en los tratados comerciales internacionales.
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
- ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
- ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos
Dicho mecanismo (conocido como ISDS, por su sigla en inglés), es el favorito de las transnacionales para resolver disputas entre inversionistas y Estados cuando aquellas perciben que sus intereses pueden verse afectados. Se trata de un instrumento que les permite a los inversores extranjeros demandar a los Estados ante tribunales internacionales si consideran que las políticas públicas de dichos estados –incluso las concebidas para proteger el medioambiente o la salud– afectan sus intereses y beneficios.
Tales demandas, que no reconocen la jurisdicción de los tribunales nacionales de los países donde esas empresas internacionales operan, desembocan en un pequeño grupo de abogados privados. En su rol de árbitros, estos tienen la potestad de decidir cada caso. En general, para estos juristas los beneficios de las empresas demandantes son más importantes que el interés público de las naciones demandadas. La historia muestra que estos arbitrajes, comunes en todo el mundo, tienden a beneficiar a las grandes empresas. Como resultado, los fallos contra los Estados les garantizan a esos grupos privados ganancias multimillonarias en detrimento de las arcas nacionales.
Todos contra México
En el transcurso del primer semestre de 2023, México fue el país latinoamericano que más demandas sufrió: 8 en total. Seguido por Honduras, con 3 demandas; Venezuela, con 2, y Colombia, Ecuador, Costa Rica, Belice y Trinidad Tobago, con 1 cada uno.
El caso mexicano en este primer semestre es, tal vez, el más emblemático debido a la cantidad y diversidad de los grupos económicos que lo atacaron con este tipo de arbitraje.
Una de esas demandas fue promovida por la empresa minera canadiense First Majestic Silver Corp. Se trata del segundo proceso promovido por la misma empresa. A través del actual, contesta decisiones impositivas contra su subsidiaria local Primero Empresa Minera. El monto reclamado es desconocido, pero en la primera demanda First Majestic reclamó 500 millones de dólares. La empresa canadiense invoca como referencia jurídica el Tratado de Libre comercio de América del Norte/México-Canadá-Estados Unidos (TLCAN) y el T-MEC, el nuevo tratado entre estos tres países, vigente desde julio de 2020.
Otro proceso contra el país azteca fue promovido por inversores estadounidenses del grupo Arbor Confections, Inc., Mark Alan Ducorsky y Brad Dukosrsky por un valor de 80 millones de dólares, monto que reclaman por una renta impaga de una fábrica de dulces en Ciudad Juárez.
La minera canadiense Silver Bull Resources, Inc. (a través de su sucursal en Estados Unidos) también atacó a México. Explota la Mina Sierra Mojada, en el Estado de Coahuila, con ricos yacimientos de plata, plomo y zinc. La empresa argumenta que no puede acceder a la mina porque la misma se encuentra bloqueada por comunidades locales. El reclamo, en este caso de 178 millones de dólares, se presentó ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), del Banco Mundial.
Enerflex US Holdings Inc. y Exterran Energy Solutions LP acaban de iniciar este año un nuevo proceso. Ambas empresas estadounidenses y canadienses de producción de gas y petróleo acusan al Estado mex
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados
- Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas
- Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos
Metas específicas de los ODS identificadas
- Meta 16.3: Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos
- Meta 17.15: Respetar el espacio político y la autonomía de los países para establecer políticas y medidas para erradicar la pobreza
Indicadores de los ODS mencionados en el artículo
- Indicador 16.3.1: Porcentaje de la población que ha experimentado una o más formas de corrupción en el último año
- Indicador 17.15.1: Grado de cumplimiento de los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo relativos a la equidad de género en la asignación de recursos
Tabla de ODS, metas e indicadores
ODS | Metas | Indicadores |
---|---|---|
Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones sólidas | Meta 16.3: Promover el Estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos | Indicador 16.3.1: Porcentaje de la población que ha experimentado una o más formas de corrupción en el último año |
Objetivo 17: Alianzas para lograr los objetivos | Meta 17.15: Respetar el espacio político y la autonomía de los países para establecer políticas y medidas para erradicar la pobreza | Indicador 17.15.1: Grado de cumplimiento de los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo relativos a la equidad de género en la asignación de recursos |
El artículo aborda el tema de las demandas promovidas por grandes empresas internacionales contra Estados latinoamericanos y caribeños. Estas demandas están relacionadas con el Objetivo 16 de Paz, justicia e instituciones sólidas, ya que se refieren a disputas legales y al sistema de arbitraje internacional. También están conectadas con el Objetivo 17 de Alianzas para lograr los objetivos, ya que involucran a empresas extranjeras y a tratados comerciales internacionales.
En cuanto a las metas específicas, el contenido del artículo menciona la meta 16.3 de promover el Estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia. También se hace referencia a la meta 17.15 de respetar el espacio político y la autonomía de los países para establecer políticas y medidas para erradicar la pobreza.
En relación a los indicadores, se menciona el indicador 16.3.1 de porcentaje de la población que ha experimentado una o más formas de corrupción en el último año. Además, se hace referencia al indicador 17.15.1 de grado de cumplimiento de los compromisos de asistencia oficial para el desarrollo relativos a la equidad de género en la asignación de recursos.
En resumen, el artículo aborda los ODS 16 y 17, con las metas específicas de promover el Estado de derecho y respetar el espacio político de los países, respectivamente. También se mencionan los indicadores de porcentaje de corrupción y grado de cumplimiento de compromisos de asistencia oficial.
¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.
Fuente: bolpress.com
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