8. TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

El sector energético en Jordania | Transnational Institute

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El sector energético en Jordania  Transnational Institute

El sector energético en Jordania | Transnational InstituteInforme sobre el sector energético en Jordania

1. El Banco Mundial y el FMI: privatizaciones y reducción de subsidios al consumidor

El sector de la energía en Jordania fue privatizado parcialmente en 2007 como condición de los préstamos que el Gobierno recibió del FMI y el Banco Mundial para cubrir su déficit público. En la década de 1980, la disminución de los flujos financieros del Golfo y el aumento del gasto público provocaron una grave crisis económica en el país. El crecimiento económico descendió abruptamente, y el tipo de cambio se desplomó en 1989. Los préstamos ‘correctivos’ se convirtieron en el único medio para evitar la profundización de la crisis. Las políticas del Consenso de Washington que adoptaron el FMI y el Banco Mundial como solución rápida para los ‘Estados fallidos’, incluida Jordania en su opinión, se basaron en el control del gasto público, la liberalización de los mercados, la eliminación de las barreras al comercio internacional y la privatización de las instituciones estatales. El argumento era que así se resolvería el bajo rendimiento público y se reduciría la carga económica del Estado.

Las privatizaciones se institucionalizaron en Jordania en 1996, cuando se creó la Unidad Ejecutiva de Privatización en la oficina del primer ministro, en colaboración con el Banco Mundial. Ese año se recomendó que la Autoridad de Electricidad de Jordania, un organismo público creado en 1967 y que poseía y gestionaba todas las actividades del sector, se transformara en una sociedad anónima de propiedad estatal, la Compañía Nacional de Energía Eléctrica. Esta estructura era más propicia para posibles privatizaciones futuras. Una reestructuración en 1999 dividió la compañía en tres empresas distintas: la Compañía Nacional de Energía Eléctrica (NEPCO, por sus siglas en inglés), encargada de la compra de energía primaria y la transmisión, el control y la interconexión; la Compañía Central de Generación de Electricidad (CEGCO), encargada de las estaciones de generación de energía eléctrica; y la Compañía de Distribución de Electricidad (EDCO), a cargo de la distribución eléctrica. Estas tres compañías son administrativa y financieramente independientes. La Comisión Reguladora de Energía y Minerales (EMRC) se creó posteriormente como una entidad independiente que regula la relación entre las diferentes actividades del sector.

La reestructuración del sector energético jordano fue el preludio de la privatización de las empresas de distribución y generación, un proceso que ha desplazado el papel del sector público y convirtió a las empresas e inversores en actores clave del sector energético. Aunque el desempeño eficiente de la Autoridad de Electricidad Nacional estaba comprobado, el Estado adoptó la visión neoliberal del FMI y privatizó la entidad en 2007. A la vez, el 51 por ciento de las acciones de CEGCO se vendieron a la empresa emiratí Dubai International Capital (DIC). Un año después, se vendió el 100 por ciento de las acciones de EDCO, una sociedad anónima pública, y el 55,4 por ciento de las acciones de la Compañía de Electricidad del Distrito de Irbid, una empresa de distribución en el norte de Jordania, a la compañía Kingdom for Energy Investments Company (KEC), también propiedad de DIC, la Kuwaiti Privatization Holding Company y la United Arab Investors Company.

Los proyectos de generación posteriores se transfirieron al sector privado mediante propuestas directas o licitaciones abiertas. La actividad de distribución fue, por lo tanto, privatizada en su totalidad, mientras que la generación pasó a ser de propiedad mixta público-privada, aunque se privilegió esta última. La actividad de transmisión y compra de combustible permaneció bajo la propiedad de NEPCO, que representa al Gobierno en el sector, y la independiente EMRC sigue regulando todas estas actividades.

Los problemas estructurales solo se agravaron después de la privatización, ya que el desmantelamiento de la única autoridad estatal generó costos administrativos innecesarios y debilitó el rendimiento general del sector. Con la privatización, los contratos y convenios tienden a “privatizar las ganancias y socializar los riesgos”, incluso con la aplicación del enfoque de “costo más beneficio”, que garantiza una tasa de ganancia fija a las empresas sin garantías efectivas de rendimiento ni eficiencia. Además, los contratos de generación obligan al Estado a pagar los costos de capacidades de generación adicionales, aunque no sean utilizadas ni necesarias.

En última instancia, la privatización agravó la crisis energética del país. El Comité de Evaluación de las Privatizaciones, creado en 2013 por decreto real, publicó un informe de evaluación en 2014 sobre la experiencia de privatización. Este concluyó que los indicadores de rendimiento exhibían un deterioro en la calidad de los servicios (por ejemplo, aumento de las pérdidas de energía en las empresas de distribución privatizadas), junto con una mayor carga financiera. “La privatización no había logrado las metas económicas deseadas… [de] aumentar la inversión estratégica, proteger al erario de las consecuencias del incremento del costo de los combustibles, maximizar la eficiencia del sector o diversificar las fuentes de energía”, destaca el informe.

El informe sostiene además que la mayoría de las ganancias de las empresas (que en ese momento promediaban un 20 por ciento anual) estaban vinculadas a los altos precios de la energía fijados por la Comisión Reguladora de Electricidad, y no a una mayor eficiencia o productividad, ya que las empresas alcanzaban una tasa de ganancia inusualmente alta debido a que las ventas y las ganancias estaban garantizadas. En su defensa, el Gobierno argumentó que la privatización se llevó a cabo en colaboración con inversores financieros no especializados en energía y cuya

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con el artículo

  • Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante
  • Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico
  • Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura
  • Objetivo 10: Reducción de las desigualdades

Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo

  • Meta 7.1: Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos
  • Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el consumo final de energía
  • Meta 8.1: Lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
  • Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, centrándose en el acceso equitativo y asequible para todos
  • Meta 10.2: Empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición

Indicadores de los ODS mencionados en el artículo

  • Indicador 7.1.1: Proporción de la población con acceso a electricidad
  • Indicador 7.2.1: Consumo de energía renovable como porcentaje del consumo final de energía
  • Indicador 8.1.1: Crecimiento económico anual per cápita
  • Indicador 9.1.1: Proporción de la población cubierta por una red de telefonía móvil
  • Indicador 10.2.1: Proporción de personas que viven por debajo de la línea nacional de pobreza

Tabla de ODS, metas e indicadores

ODS Metas Indicadores
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante Meta 7.1: Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos Indicador 7.1.1: Proporción de la población con acceso a electricidad
Objetivo 7: Energía asequible y no contaminante Meta 7.2: Aumentar la proporción de energía renovable en el consumo final de energía Indicador 7.2.1: Consumo de energía renovable como porcentaje del consumo final de energía
Objetivo 8: Trabajo decente y crecimiento económico Meta 8.1: Lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos Indicador 8.1.1: Crecimiento económico anual per cápita
Objetivo 9: Industria, innovación e infraestructura Meta 9.1: Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, centrándose en el acceso equitativo y asequible para todos Indicador 9.1.1: Proporción de la población cubierta por una red de telefonía móvil
Objetivo 10: Reducción de las desigualdades Meta 10.2: Empoderar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición Indicador 10.2.1: Proporción de personas que viven por debajo de la línea nacional de pobreza

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: tni.org

 

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