Preocupación en Perú por una reforma legal que puede incentivar la deforestación

Informe sobre la deforestación en la Amazonía peruana

Fuente: EL PAÍS

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Introducción

“El bosque es nuestro mercado, es nuestra farmacia, es todo”, afirma Teresita Antazú, una mujer de la etnia yanesha. Habla con gran preocupación y menciona algunos agentes que, en los últimos años, han impactado el bosque amazónico peruano: la tala ilegal, el cultivo de coca, la pequeña agricultura que tumba masa boscosa o la siembra masiva de palma aceitera. Eso que Antazú ve tiene un reflejo en la estadísticas oficiales: según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, en 2022, la deforestación en el Perú alcanzó las 144.683 hectáreas; y entre 2021 y 2020, se perdieron cerca de 2,4 millones de hectáreas de superficies boscosas, según datos del Ministerio del Ambiente (Minam).

Reforma de la Ley Forestal

La reforma de una ley que, según advierten los ambientalistas, alentará la deforestación. El Congreso de la República modificó en diciembre pasado la Ley Forestal 29763, vigente desde 2015, luego de cuatro años de consulta con varias organizaciones, incluyendo las indígenas. La modificación ya fue aprobada por el Legislativo, mientras el Ejecutivo de Dina Boluarte ha pedido al Ministerio de Justicia que la examine para determinar si está de acuerdo con la Constitución o no. Pero, por el momento, no hay señales públicas de que lo haya hecho. Del Ejecutivo depende también la creación del reglamento que determina cómo se aplicaría la reforma, algo que puede demorar meses.

Efectos nocivos de la norma

Mientras tanto, grupos ecologistas, organizaciones indígenas e internacionales levantan la voz de los posibles efectos nocivos de la norma para los pueblos originarios y la naturaleza. Una de las modificaciones de la ley le quita al Minam la facultad de decidir qué bosques son de “producción permanente”, en los que se pueden aprovechar los recursos forestales y de fauna silvestre. Esa potestad depende ahora del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), una institución a la que pertenece el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Preocupaciones y críticas

Para José Luis Capella, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), lo más preocupante es una disposición que considera que los predios privados con ‘constancia de posesión’, un título que dan las autoridades regionales cuando alguien se asienta en un predio, son ahora “áreas de exclusión para fines agropecuarios”. Esto implica que los posesionarios de esos predios ya no están obligados a hacer el trámite de Clasificación de Uso de Tierras por su Capacidad de Uso de Mayor, un mecanismo por el cual se determina si un suelo es apto para fines agropecuarios o forestales. Así, quienes ocuparon bosques sin zonificación previa alguna —los infractores— pueden respirar tranquilos. De acuerdo con Capella, todo esto genera “el mensaje de impunidad y borrón y cuenta nueva”.

Silencios y protestas

Una fuente del Gobierno peruano que pidió el anonimato parece darle la razón. Según le dijo a América Futura, en una reunión de la Comisión Multisectorial Permanente de Lucha Contra la Tala Ilegal, la fiscal ambiental, Flor de María Vega, se opuso a la modificación clamando: “¡Si la aprueban, se me van a caer muchos casos!”. No le hicieron caso.

El propio Serfor es contrario a la modificación. El 20 de diciembre, el director de este organismo, Luis Alberto Gonzales, preparó un pronunciamiento que alertaba sobre el “grave riesgo al patrimonio forestal, la fauna silvestre y los servicios ecosistémicos forestales”. El Midagri no autorizó su publicación y un silencio desértico se impuso en todo el Poder Ejecutivo, según un funcionario de este ministerio que pidió no ser nombrado.

El 13 de febrero, la presidenta Dina Boluarte, quien no se ha pronunciado públicamente sobre el tema, cambió a cuatro ministros, entre ellos a Albina Ruiz, la de Ambiente. Mientras estaba en el cargo, Ruiz advirtió en una reunión que la reforma “constituye una amenaza al derecho del ser humano a gozar de un ambiente sano y equilibrado”. Sus palabras se perdieron en el bosque. En su reemplazo entró Juan Carlos Castro, un funcionario estatal que está de acuerdo con la nueva norma.

El frente indígena

Julio Cusurichi, otro dirigente de Aidesep, lamenta que haya colonos que ocupan sus territorios para hacer agricultura a los cuales rápidamente les dan un certificado de posesión, mientras que a los indígenas, cuando solicitan la titulación de

ODS, metas e indicadores

1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) abordados en el artículo

• ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres
• ODS 13: Acción por el Clima

2. Metas específicas de los ODS identificadas en el artículo

• Meta 15.2: Promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, restaurar los bosques degradados y aumentar la forestación y la reforestación
• Meta 13.2: Integrar medidas de cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales

3. Indicadores de los ODS mencionados en el artículo

• Indicador 15.2.1: Superficie forestal como porcentaje de la superficie terrestre
• Indicador 13.2.1: Número de países que han adoptado políticas, estrategias o planes nacionales para mitigar el cambio climático y adaptarse a él, y el progreso en la implementación

¡Atención! Este espléndido artículo nace de la fuente del conocimiento, moldeado por una maravillosa tecnología patentada de inteligencia artificial que profundizó en un vasto océano de datos, iluminando el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Recuerda que todos los derechos están reservados por SDG Investors LLC, lo que nos permite defender el progreso juntos.

Fuente: elpais.com

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