Los decretos de Milei afectan la producción de alimentos – argentina.indymedia.org

Informe sobre Modificaciones Estructurales en el Sector Agropecuario y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

1. Contexto General de las Reformas

Mediante el decreto 462/25, el Poder Ejecutivo ha implementado una serie de reformas que alteran significativamente la estructura de apoyo a la producción agropecuaria en el país. Las medidas principales incluyen la disolución del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar Campesino Indígena (INAFCI) y la modificación de la autonomía y estructura del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Estas acciones presentan implicaciones directas para el cumplimiento de varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellos relacionados con la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria y la reducción de las desigualdades.

2. Disolución del INAFCI y su Impacto en la Agricultura Familiar

La eliminación del INAFCI representa un retroceso crítico en el apoyo a la agricultura familiar, campesina e indígena, un sector fundamental para la producción de alimentos frescos y la soberanía alimentaria del país. Las consecuencias de esta medida afectan directamente a los siguientes ODS:

• ODS 2 (Hambre Cero): La agricultura familiar es responsable de la mayor parte de los alimentos frescos consumidos a nivel nacional. La disolución del instituto que la sostenía debilita los sistemas alimentarios locales y los circuitos cortos de comercialización, poniendo en riesgo el acceso a alimentos nutritivos y asequibles para la población.
• ODS 1 (Fin de la Pobreza) y ODS 10 (Reducción de las Desigualdades): La derogación de la Ley 27.118 de reparación histórica elimina herramientas clave para la subsistencia de pequeños productores, tales como:
  1. Acceso a créditos y beneficios impositivos.
  2. Asistencia técnica y sanitaria.
  3. Mecanismos de protección de tierras, como el banco de tierras, que servían de amparo ante desalojos.

  Esta desprotección agrava la vulnerabilidad económica de las comunidades rurales y profundiza las desigualdades existentes.

• ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico): El vaciamiento previo del INAFCI y su posterior disolución han paralizado programas de desarrollo rural que generaban empleo y valor agregado en las economías regionales.

3. Reestructuración del INTA y la Centralización del Poder

Las modificaciones en el INTA comprometen su carácter federal y su capacidad para promover un desarrollo tecnológico equitativo en todo el territorio. Los cambios clave y su relación con los ODS son:

• Pérdida de Autonomía y Gobernanza Colegiada: El INTA pasa de un consejo directivo con representación diversa (universidades, productores, Mesa de Enlace) a ser conducido únicamente por la Secretaría de Agricultura. Esta centralización debilita la institucionalidad democrática y participativa, contraviniendo los principios del ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas).
• Riesgo para el Desarrollo Regional Equitativo: La reestructuración amenaza con concentrar los esfuerzos del organismo en la Región Centro, desatendiendo las necesidades tecnológicas de las economías regionales y de los pequeños y medianos productores, lo que impacta negativamente en el ODS 10 (Reducción de las Desigualdades).
• Amenaza al Patrimonio Público y al Empleo: La nueva estructura facilita la posible venta de tierras e inmuebles del organismo y alimenta la incertidumbre sobre la continuidad laboral de cientos de trabajadores contratados, afectando el ODS 8 (Trabajo Decente y Crecimiento Económico).

4. Desarticulación de Programas con Financiamiento Internacional

La desarticulación de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE), encargada de ejecutar créditos internacionales para el desarrollo rural, representa un golpe directo a la cooperación para el desarrollo.

• ODS 17 (Alianzas para lograr los Objetivos): El despido de la mayoría de su personal ha provocado la paralización de programas con financiamiento internacional por más de 1.700 millones de dólares. Estos fondos estaban destinados a obras de infraestructura clave (riego, caminos, electrificación) para mejorar la productividad y la calidad de vida en zonas rurales, evidenciando un claro retroceso en la capacidad del Estado para forjar alianzas estratégicas para el desarrollo sostenible.

5. Conclusión: Un Sistema Agroalimentario más Concentrado y Menos Sostenible

Las políticas implementadas erosionan las bases de un sistema agroalimentario inclusivo y sostenible. Al desmantelar el apoyo estatal a la agricultura familiar y debilitar a instituciones federales como el INTA, se fomenta una mayor concentración del mercado en pocas manos. Esta dirección es contraria a la necesidad de garantizar el acceso a la tierra y de fortalecer las redes de comercio local y regional, que son esenciales para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y asegurar un futuro alimentario justo y resiliente para toda la población.

1. ¿Qué Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se abordan o están conectados con los temas destacados en el artículo?

1. ODS 2: Hambre Cero

   • El artículo se centra en la desprotección de la agricultura familiar, campesina e indígena, sector que, según el texto, “produce la mayoría de los alimentos frescos que consumimos día a día, de forma sustentable”. La disolución del INAFCI y los cambios en el INTA amenazan directamente la producción y el abastecimiento de alimentos, así como la sostenibilidad de los sistemas alimentarios.

2. ODS 1: Fin de la Pobreza

   • Las medidas gubernamentales afectan directamente los medios de vida de los “pequeños y medianos productores”, “campesinas y campesinos”, dejándolos sin herramientas de apoyo como “créditos, beneficios impositivos, asistencia técnica”. Esto aumenta su vulnerabilidad económica y el riesgo de pobreza en las zonas rurales.

3. ODS 10: Reducción de las Desigualdades

   • Las políticas descritas aumentan la brecha entre la agricultura a gran escala y la agricultura familiar. Al eliminar el apoyo a este último sector, se “refuerza los rasgos más concentrados del sistema alimentario”. Además, la derogación de la Ley 27.118, que contemplaba un “banco de tierras” y protegía contra “desalojos”, impacta negativamente en la igualdad de acceso a los recursos para las comunidades campesinas e indígenas.

4. ODS 8: Trabajo Decente y Crecimiento Económico

   • El artículo menciona explícitamente el riesgo de “1.500 despidos de personas que trabajan contratadas” en el INTA y el despido de “200 de sus 270 trabajadores” en la DIPROSE. Esto representa una amenaza directa al empleo y al trabajo decente. Además, la paralización de proyectos de desarrollo rural financiados con créditos internacionales afecta el crecimiento económico en las regiones.

5. ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

   • Se describe un debilitamiento institucional significativo. La disolución del INAFCI y la reestructuración del INTA, quitándole su “autonomía administrativa y financiera” y su “gestión colegiada”, para centralizar el poder en la Secretaría de Agricultura, socavan la eficacia, transparencia e inclusividad de las instituciones públicas destinadas a apoyar al sector agropecuario.

2. ¿Qué metas específicas de los ODS se pueden identificar en función del contenido del artículo?

1. Meta 2.3

   • “Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares…”. El artículo demuestra un retroceso en esta meta, ya que la eliminación de “créditos, beneficios impositivos, asistencia técnica e instrumentos de promoción” a través de la disolución del INAFCI perjudica directamente la productividad y los ingresos de los agricultores familiares.

2. Meta 2.4

   • “Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes…”. El texto señala que la agricultura familiar produce alimentos “de forma sustentable”. La falta de apoyo estatal a este sector pone en riesgo la continuidad de estos sistemas de producción sostenible.

3. Meta 1.4

   • “Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras…”. La derogación de la ley que “contemplaba la creación de un banco de tierras y que aún servía para reclamar ante los pedidos de desalojos” va en contra de esta meta, limitando el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra para los agricultores vulnerables.

4. Meta 10.2

   • “Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas…”. Las políticas descritas promueven la exclusión económica de los pequeños productores, campesinos e indígenas al desmantelar las instituciones y programas diseñados para apoyarlos, lo que lleva a una mayor “concentración en el sistema agroalimentario argentino”.

5. Meta 16.6

   • “Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”. El cambio en la organización del INTA, que pasa de ser “gestionada de manera colegiada por un consejo directivo integrado por… representantes de universidades nacionales, de la Mesa de Enlace” a ser conducida únicamente por el Poder Ejecutivo, representa un retroceso en la creación de instituciones participativas y transparentes.

3. ¿Hay algún indicador de los ODS mencionado o implícito en el artículo que pueda usarse para medir el progreso hacia los objetivos identificados?

1. Indicador 2.3.2: Volumen de producción por unidad de trabajo o ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala.

   • El artículo implica una afectación negativa a este indicador. La eliminación de “asistencia técnica”, “créditos” y el apoyo a la “comercialización” para los agricultores familiares sugiere que tanto su productividad como sus ingresos disminuirán, ya que sus productos “no pueden llegar a gran parte del mercado de consumo nacional”.

2. Indicador 1.4.2: Proporción de la población adulta con derechos de tenencia seguros sobre la tierra.

   • Este indicador está implícitamente afectado. La derogación de la Ley 27.118, que servía “para reclamar ante los pedidos de desalojos” y contemplaba un “banco de tierras”, indica una disminución en la seguridad de la tenencia de la tierra para los agricultores familiares, campesinos e indígenas.

3. Indicador 16.7.2: Proporción de la población que cree que la toma de decisiones es inclusiva y receptiva.

   • El artículo sugiere un impacto negativo en este indicador. La eliminación de la gestión “colegiada” del INTA, que incluía a diversos actores del sector, por una conducción centralizada en el gobierno, reduce la percepción de una toma de decisiones inclusiva para los productores y las organizaciones que ya no están representadas.

4. Tabla de ODS, metas e indicadores

Fuente: argentina.indymedia.org