Perú: Criminalización del sistema de justicia exige acción internacional urgente – Cejil

Informe sobre el Deterioro Democrático en Perú y su Impacto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Fecha del Informe: 18 de septiembre de 2025

Fuente: Comunicado Conjunto de Organizaciones de Derechos Humanos

1. Introducción: Amenazas al Estado de Derecho y la Agenda 2030

El presente informe detalla una serie de acciones emprendidas por los poderes Ejecutivo y Legislativo en Perú que socavan el sistema de justicia y el orden democrático. Estas acciones representan un grave retroceso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas.

2. Vulneración de la Justicia y el ODS 16

Se ha identificado un patrón de ataques sistemáticos contra la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, contraviniendo directamente las metas del ODS 16.

2.1. Legislación en Conflicto con los Derechos Humanos

El Congreso y la Presidencia han promovido legislación que atenta contra los principios fundamentales de justicia y rendición de cuentas. Las principales afectaciones son:

• Neutralización de controles institucionales: Se busca anular la capacidad de supervisión sobre leyes que vulneran derechos humanos, lo que debilita el marco institucional requerido por la Meta 16.6 del ODS 16 (crear instituciones eficaces, responsables y transparentes).
• Promoción de la impunidad: La aprobación de una ley de amnistía para militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos no solo desafía resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también socava la Meta 16.3 (promover el estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos).
• Beneficios a la criminalidad organizada: Las acciones legislativas debilitan la capacidad del Estado para perseguir la corrupción, un obstáculo directo para la Meta 16.5 (reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas).

2.2. Instrumentalización de Órganos de Control Judicial

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Defensor del Pueblo han sido instrumentalizados para consolidar un ambiente de impunidad, afectando la independencia del poder judicial, pilar del ODS 16.

1. Persecución de jueces y fiscales: La JNJ ha iniciado procedimientos disciplinarios contra operadores de justicia que, en cumplimiento de la Constitución y tratados internacionales, han inaplicado la ley de amnistía. Esta presión amenaza la autonomía judicial.
2. Maniobra ante el Tribunal Constitucional: El Defensor del Pueblo ha presentado una demanda que busca validar la ley de amnistía, lo que impediría su control judicial y consolidaría la impunidad, contraviniendo el espíritu del ODS 10 (Reducción de las desigualdades) al negar justicia a las víctimas.
3. Suspensión de la Fiscal de la Nación: Se está llevando a cabo un procedimiento irregular para suspender a la máxima autoridad del Ministerio Público. Esta acción tiene como objetivo influir en investigaciones penales contra altos funcionarios, incluyendo 105 de los 130 congresistas, lo que evidencia un conflicto de interés masivo y un ataque directo a la Meta 16.5.

3. Consecuencias y Llamado a la Acción Internacional (ODS 17)

La situación descrita confirma un profundo deterioro democrático que justifica la inclusión de Perú en el Capítulo IV.B del Informe Anual 2025 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

3.1. Riesgos para el Orden Constitucional

El debilitamiento de la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Público pone en riesgo el Estado de derecho y el ejercicio de los derechos fundamentales. Esto no solo afecta la gobernabilidad interna, sino que también compromete la credibilidad de Perú en el escenario internacional y su capacidad para avanzar en la Agenda 2030.

3.2. Necesidad de Cooperación y Monitoreo (ODS 17)

En línea con el ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos, se realiza un llamado urgente a la comunidad internacional, organismos multilaterales y mecanismos de protección de derechos humanos para que:

• Se pronuncien públicamente sobre la crisis institucional en Perú.
• Adopten medidas concretas para monitorear y abordar el debilitamiento del Estado de derecho.
• Apoyen a las instituciones democráticas y a la sociedad civil peruana en la defensa de la justicia y los derechos humanos.

El acompañamiento internacional es clave para garantizar la preservación del orden democrático y asegurar que Perú retome el camino hacia el cumplimiento de sus compromisos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

4. Organizaciones Firmantes

• Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
• Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
• Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos (WOLA)

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Abordados

• ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

  El artículo se centra casi en su totalidad en el ODS 16. Aborda directamente la promoción de sociedades justas y el fortalecimiento de instituciones eficaces, responsables e inclusivas. El texto denuncia el “deterioro democrático” en Perú, los “crecientes ataques al sistema de justicia”, el “debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas”, la “afectación a la independencia judicial” y los riesgos para el “Estado de derecho”. Estos temas son el núcleo del ODS 16, que busca combatir la corrupción, garantizar el acceso a la justicia y construir instituciones que rindan cuentas.

Metas Específicas de los ODS Identificadas

• Meta 16.3: Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

  Esta meta es central en el artículo. La denuncia de una “ley de amnistía que busca absolver a militares y policías acusados de graves violaciones a derechos humanos” y los procedimientos disciplinarios contra jueces que inaplican dicha ley son ataques directos al estado de derecho y un obstáculo para el acceso a la justicia de las víctimas. Además, se menciona el desacato a “resoluciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, lo que evidencia un debilitamiento del estado de derecho a nivel internacional.

• Meta 16.5: Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

  El artículo destaca que las maniobras contra el sistema de justicia buscan “debilitar las facultades de la Fiscalía para perseguir la corrupción” e “influir en el avance de investigaciones penales que involucran a altos funcionarios del Estado”. Se especifica que “105 de los 130 miembros del Congreso tienen investigaciones abiertas o procesos penales por cargos graves que incluyen corrupción”, lo que demuestra que la lucha contra la corrupción es un tema fundamental del texto.

• Meta 16.6: Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.

  Se describe cómo el Congreso y el Poder Ejecutivo buscan “neutralizar cualquier forma de control”, afectando los “contrapesos al poder”. Se mencionan “graves irregularidades” en la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y un “procedimiento irregular” para suspender a la Fiscal de la Nación. Estas acciones minan la eficacia, transparencia y rendición de cuentas de instituciones judiciales clave.

• Meta 16.a: Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles […] la capacidad de […] combatir la delincuencia.

  El artículo concluye con un “llamado a la comunidad internacional, a los organismos multilaterales y a los mecanismos de protección de derechos humanos para que se pronuncien y […] adopten medidas concretas”. Este llamado a la “cooperación internacional” y al “acompañamiento internacional” para preservar el orden constitucional se alinea directamente con esta meta, buscando apoyo externo para fortalecer las instituciones nacionales debilitadas.

Indicadores de los ODS Mencionados o Implícitos

• Indicador 16.3.1: Proporción de víctimas de violencia en los 12 meses anteriores que denunciaron su victimización a las autoridades competentes.

  Este indicador está implícito. La aprobación de una “ley de amnistía” para responsables de “graves violaciones a derechos humanos” desincentiva y anula la denuncia por parte de las víctimas, ya que el sistema de justicia es manipulado para garantizar la impunidad. Esto sugiere que el progreso en este indicador se vería gravemente afectado, ya que el acceso a la justicia para estas víctimas está siendo bloqueado.

• Indicador 16.5.1: Proporción de personas que han tenido al menos un contacto con un funcionario público y que han pagado un soborno a un funcionario público, o a las que un funcionario público les ha pedido un soborno.

  Aunque no se mencionan encuestas de percepción o casos individuales de soborno, el indicador está implícito en la escala de la corrupción descrita. El hecho de que “105 de los 130 miembros del Congreso” estén bajo investigación por delitos graves, incluyendo corrupción, y que se intente debilitar a la Fiscalía, sugiere un entorno de alta corrupción institucional que este indicador busca medir.

• Indicador 16.6.2: Proporción de la población que está satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos.

  El artículo implica una profunda insatisfacción con los servicios de justicia. La descripción de un sistema judicial atacado, con procedimientos irregulares, jueces amenazados e instituciones manipuladas para proteger a la criminalidad organizada y a políticos corruptos, sugiere que la confianza y satisfacción del público en estas instituciones serían extremadamente bajas, lo cual es medido por este indicador.

Tabla de ODS, Metas e Indicadores

Fuente: cejil.org